Si llegase a filtrase informaciones de las embajadas en el país de Francia, España, Canadá, Alemania, China, Corea, Japón y otras, de la extorsión a que son sometidos empresarios inversionistas procedentes de sus respectivas naciones, el país habría que cerrarlo.
Así lo dijo el coordinador general de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO).
Insistió en que esa es una práctica recurrente de los funcionarios de los diferentes gobiernos que le ha tocado a la débil democracia dominicana, que se produce en los tres poderes del estado dominicano, ejecutivo, legislativo y judicial, que también afecta a inversionistas dominicanos.
“Cuando un inversionista atraído por las facilidades que dicen recibirán en el país para invertir llega a la Republica Dominicana, comienza a recibir todo tipo de trabas para que tenga que soltar cuartos, algunos no obtemperan al chantaje, otros si, como fue el caso de los empresarios japoneses que en el último periodo de Balaguer le denunciaron a este que para instalar una generadora de electricidad Mitsubishi tendría que dar un millón de dólares por debajo de la mesa, abandonado esos inversionistas el proyecto”, recordó el vocero de Adocco.
Julio Cesar De la Rosa Tiburcio afirmó que la situación es tan grave que ya hay inversionistas que vienen preparados con el maletín de la inversión y con el maletín de la extorsión, produciendo una mala imagen para los verdaderos inversionistas, porque podrían colarse aventureros que pretenden blanquera capitales procedentes del narcotráfico y de la corrupción administrativa de funcionarios públicos.
“Cuando los gobiernos de países como España, Francia solicitan al gobierno dominicano garantía jurídica para las inversiones de sus conciudadanos, lo hacen por el conocimiento que toman de los chantajes a que son sometidos por parte de funcionarios que no siempre provienen del sector o área de la inversión a desarrollar, motivando a que esos países desarrollen programas a través de donaciones y préstamos tendente a organizar a las instituciones que deben velar por la transparencia y control, como se verifica en los grandes aportes que ha hecho la Agencia de Cooperación Española para el mejoramiento del sector justicia”, dijo.
