Los juicios por asesinatos ligados al narcotráfico y lavado de activos provenientes de esta misma actividad, así como los delitos sexuales, falsificaciones, estafas y mala práctica médica matizaron la justicia dominicana en el 2010.
Durante este año se ventilaron en los tribunales importantes casos que significaron un reto, tanto para los jueces como para los representantes del Ministerio Público y los abogados que los defendieron.
El asesinato de siete extranjeros el 4 de agosto del 2008 en la comunidad de Paya, Baní y el desmantelamiento de una supuesta red que dirigía el capo boricua José David Figueroa Agosto, se constituyeron en los casos de mayor relevancia, y sobre los cuales la sociedad se mantuvo a la expectativa de una sentencia ejemplarizadora.
Luego de dos años y medio de la matanza de Paya, un hecho ligado al narcotráfico, los jueces del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, dictaron una sentencia de 30 años de prisión para 6 de los 22 implicados en la masacre.
También enviaron a prisión por 20 años a otros 6, dos recibieron condena de 10 años y otros tres obtuvieron condena de 5 y 3 años, mientras 6 fueron absueltos.
La sentencia del Tercer Tribunal ordena la devolución de los bienes tanto de Luis Lara Martínez como de José Luis Montás “El Duro Motors”, por considerar que fueron obtenidos antes del hecho imputado, y por tanto no eran parte de las operaciones de lavado de dinero, mientras que ordenó el decomiso de parte de los bienes de los condenados.
Otro caso que ocupó la atención de la ciudanía y los medios de comunicación es el seguido a Sobeida Félix Morel, compañera sentimental de Figueroa Agosto, preso en Puerto Rico, y otros 7 más, que fueron enviado a juicio de fondo por la magistrada del Segundo Tribunal de la Instrucción del Distrito Nacional, Claribel Nivar, que llevó el juicio preliminar.
Los demás implicados en la supuesta red de lavado son Mary Elvira Peláez Frappier, Adolfina Peláez Frappier, Sammy Dauhajre, Ricardo Ivanovich Smester Ginebra, Juan José Fernández Ibarra, Madeline Bernad Peña y Eddy Brito.
El conocimiento del juicio de fondos a estos imputados fue fijado por los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional para el próximo 7 de febrero, y se dispuso citar al menos 43 testigos.
En otro caso también ligado al narcotráfico y al capo boricua Figueroa Agosta, está el sometimiento de once presuntos sicarios acusados de la muerte de al menos 4 personas, entre ellos el ex teniente coronel de la Policía, José Amado González, hecho ocurrido el 24 de diciembre el 2009.
También a Omar Antigua, asesinado el 31 de diciembre de ese mismo año en el parque del Supermercado Carrefour y a Rubén Soto Hayet, propietario de la panadería y repostería La Francesa, el 14 de mayo.
Los supuesto 11 sicarios sometidos habrían sido contratados por Figueroa Agosto para cometer los asesinatos.
Por este caso guardan prisión Gian Enrique Rojas Matos (Yan Carlos y/o Chico Raro), Winston Antonio Rodríguez Tavárez (Fire o el Cangri), quien dirigía las operaciones, José Miguel Rodríguez Almonte (Job), José Aníbal Hidalgo García (Molmo); Ricardo Pérez Mateo; Wilhen Ortiz de los Santos (Bobolo); Diomedes Moya Durán (Oreja); Juan Amauris Rodríguez Minier (Ambioris); José Alberto de la Cruz Paredes; Joel Antonio Féliz Cruz y Yermi Mercedes Liranzo Cruz (La Diosa), todos acusados de pertenecer a una red criminal, dedicada al sicariato.
En otro caso vinculado también al narcotráfico y al boricua Figueroa Agosto está el apresamiento y sometimiento a la justicia de Antonio del Rosario Puente (Toño Leña), solicitado en extradición por las autoridades de Puerto Rico.
A Mediado de año Toño Leña fue apresado en Venezuela y posteriormente entregado a las autoridades dominicanas. Ahora guarda prisión en la cárcel de Monte Plata acusado de dirigir una red criminal que se dedicaba al bombardeo de droga en la zona Este.
Recientemente las autoridades de Puerto Rico solicitaron su extradición por estar vinculado a la organización del alegado capo boricua José Figueroa Agosto, preso en Puerto Rico. El pedido está pendiente de fallo por la Suprema Corte de Justicia.
Los tribunales también conocieron este año el juicio por lavado a Manuel Emilio Mesa Beltré (El Gringo), a quien los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenaron a ocho años de reclusión mayor.
El Gringo y la joven Yokasta Esmeralda Espinal Campusano, quien fue dejada en libertad, fueron apresados en la calle Juana Saltitopa esquina Ana Valverde, sector María Auxiliadora, con más de cuatro millones de pesos en efectivos, que habían retirado de la Agencia de Cambio Solano, ubicada a poca distancia de donde fueron detenidos.
Por ese mismo caso la Fiscalía del Distrito Nacional presentó acusación por lavado de activo proveniente de infracciones graves, en contra de Carlos Julio Solano, propietario de dicha Agencia de cambio.
Aunque Solano no guarda prisión, enfrenta un juicio de fondo por violación a la Ley Monetaria y Financiera.
En el acta de acusación de la Fiscalía se plantea que existen pruebas que comprometen la responsabilidad penal de Solano por el delito que se le imputa.
La Agencia Solano, ubicada en la calle Juana Saltitopa, casi esquina Avenida 27 de Febrero, fue allanada por la Fiscalía del Distrito y en su interior fueron encontrados 28 millones 471 mil 690 pesos, 164 mil 581 dólares, 103 mil 620 euros, 48 mil 220 francos suizos, 10 mil 255 dólares canadienses, 8 mil 270 libras esterlinas, 307 mil 600 bolívares, 29,250 goulds haitianos, mil 162 florines y 175 papel moneda holandés.
Otro caso destapado en el 2010 es el relacionado a la Torre Atiemar, propiedad del español Arturo del Tiempo, cuya edificación fue levantada con dinero supuestamente proveniente del narcotráfico.
El caso salió a relucir luego que del Tiempo fuera detenido en Barcelona, acusado de traficar con 1,200 kilos de cocaína. A Arturo del Tiempo se vincula en el país al colombiano Germán Duques García, a quien se le sigue un proceso en la justicia.
Recientemente fue declarado en rebeldía por el Segundo Tribunal Colegiado, por incumplir con la medida de coerción, consistente en visita periódica al Tribunal, por lo que se estima se dio a la fuga.
En este año, otro caso que compungió la sociedad lo constituyo el atentado contra el abogado y productor de televisión de Santiago, Jordy Veras, herido de varios disparos cuando llegaba al parqueo del canal 29 donde producía un programa.
Del atentado es acusado el señor Francisco Carela Castro, quien actuó por órdenes de Adriano Rafael Román, principal acusado de la trama para asesinar a Jordi. Román cumple una condena de 30 en la cárcel de Rafey, Santiago, por orquestar el asesinato de su esposa Miguelina Yabería, en el 1995.
A Carela Castro, también se le sigue un caso en la Fiscalía del Distrito Nacional, por extorción y falsificación de documentos públicos. Es acusado de dirigir un grupo que se dedicaba a firmar parejas en cabañas de la capital, para luego extorsionarlas con alta suma de dinero.
