Organizaciones comunitarias y dos regidores interpusieron un acto de oposición al uso de los fondos correspondientes a la cuenta de obras de infraestructura del cabildo capitaleño, en reclamo de que se cumpla la resolución que dispuso la inversión de RD$37 millones en los barrios de Santo Domingo.
La inversión dispuesta por la resolución es como parte del Presupuesto correspondiente al pasado año 2010.
La iniciativa legal está basada en la admisión del recurso de amparo del Tribunal Superior Administrativo sometido por el Comité de Organizaciones de la Zona Norte del Distrito Nacional y la Unión de Mujeres por el Desarrollo Comunal, conjuntamente con los regidores Waldys Taveras y Consuelo Despradel, del Partido Revolucionario Dominicano.
En la justificación del acto también se resalta el hecho de la conclusión del período presupuestario del Ayuntamiento del Distrito Nacional el pasado 31 de diciembre, cuando debieron estar terminadas las obras del Presupuesto Municipal Participativo en la circunscripción número 3, o en su defecto con los fondos resguardados en un banco para su realización.
Entre los barrios que debieron ser favorecidos por las obras del Presupuesto Participativo figuran La Ciénaga, Guachupita, Gualey, 27 de Febrero, Las Cañitas, 24 de Abril, Capotillo, Simón Bolívar, la Zurza y Los Manguitos.
La información fue ofrecida por los dirigentes comunitarios Johnny Sosa, del Comité de Organizaciones de la Zona Norte, y Ana Bertilia Cabrera, de la Unión de Mujeres por el Desarrollo Comunal.
El acto de oposición a la entrega de fondos de la cuenta de obras e infraestructura del Ayuntamiento del Distrito Nacional fue comunicado mediante acto de alguacil a las autoridades del Banco de Reservas, en la sede principal de esa entidad en la avenida Winston Churchill.
La oposición está destinada, según indica el propio acto, a proteger los fondos que fueron consignados mediante la resolución No. 40/2010, del Concejo Municipal del Distrito Nacional, para realizar diversas obras que fueron acordadas con la participación de la comunidad en los barrios de la Zona Norte de Santo Domingo.
De acuerdo al licenciado Taveras, el acto está sustentado en las disposiciones del artículo 258 de la Ley Municipal 176-07 que dispone que “los ingresos y derechos municipales solo podrán ser objeto de embargos cuando los mismos constituyan garantías debidamente autorizadas por el Consejo de Regidores de conformidad con la presente ley”.
