La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI) depositó en la Suprema Corte de Justicia un recurso de amparo que busca la nulidad de la decisión del Ayuntamiento del Distrito Nacional que duplica el cobro de los arbitrios, tasas y servicios municipales
El documento fue depositado por la directora ejecutiva de Acoprovi, Carolina Estefany y el primer vicepresidente, Fermín Acosta, en compañía de su abogado Juan Ramón Báez.
Los constructores consideran que es ilegal el aumento del impuesto y dicen que eso le corresponde al Congreso Nacional, por lo que piden que la decisión sea anulada.
ACOPROVI alega que los aumentos municipales constituyen una doble tributación con relación a otros impuestos nacionales establecidos por ley. Advierte, además, que incidirán en el precio final de la construcción.
Los constructores llaman la atención sobre el hecho de que el artículo 3 del Informe Sobre Arbitrios por Uso y Mantenimiento de Suelo (Predial), aprobado por la ADN, establece el pago de una tarifa de 2 mil pesos del valor de la propiedad, incluyendo el terreno; lo que –subraya— constituye una doble tributación por cuanto reproduce el IPI (impuesto aplicado a las viviendas), además de no establecer diferencias respecto a la capacidad económica del propietario del inmueble o solar.
En el documento se explica que el referido informe viola varios artículos de la Ley de Registro Inmobiliario cuando atribuye a la Oficina de Registro de Títulos del Distrito Nacional la verificación del pago del arbitrio antes de que una propiedad sea vendida, traspasada o hipotecada. La verificación aludida es considerada un prerrequisito para la inscripción o registro de inmuebles en el Distrito Nacional.
De acuerdo con la Ley de Registro Inmobiliario, es potestad de la Suprema Corte de Justicia establecer las tasas por los servicios que ofrece la jurisdicción inmobiliaria.
ACROPOVI señala en el documento otras violaciones a la Constitución y a las leyes sobre Urbanización, Ornato Público y Construcciones y la que crea la Dirección de Planeamiento Urbano, además de malinterpretar la Ley del Distrito Nacional y los Municipios.
