El literato y catedrático universitario Andrés L. Mateo renunció a la comisión que designó el presidente Leonel Fernández para evaluar los Textos Integrados que confeccionó una empresa mexicana por orden del secretario de Educación, Melanio Paredes,
Los Textos Integrados han generado serias controversias por violar leyes y reglamentos como la Constitución y la Ley General de Educación, y no cumplir con los requerimientos mínimos de aprendizaje de materias básicas, entre otras debilidades estructurales.
En carta enviada al presidente Leonel Fernández, Mateo explica que el 80% de los miembros de la comisión está en la nómina del Ministerio de Educación, por lo que no podrían hacer una evaluación imparcial.
Agrega que la coordinación de la comisión está a cargo la educadora Jacqueline Malagón, quien fue secretaria de Educación y actualmente es asesora del ministro, por lo que no se puede ser "juez y parte".
Expresó qué podría hacer la comisión si ya los textos, en su mayoría, están impresos, y los que no, se encuentran en fase de terminación, porque así, de manera autoritaria, lo ha dispuesto Melanio Paredes.
La Comisión fue juramentada por el presidente Leonel Fernández el pasado jueves 13 de enero, mediante la resolución 50-2010. La integran 18 especialistas, coordinados por la ex secretaria de Educación, licenciada Jacqueline Malagón.
A continuación la carta de Andrés L. Mateo:
Santo Domingo,
17 de enero 2011
Dr. Leonel Fernández,
Presidente de la República
Distinguido Señor Presidente
Agradezco enormemente la distinción de haberme incluido en la Comisión de especialistas que habrían de evaluar los libros de textos integrados, que el Ministerio de Educación elaboró con técnicos mexicanos y que están utilizados en las escuelas públicas.
Durante los últimos meses he vertido mi parecer sobre los mismos en varios medios de prensa, y reconozco que esta iniciativa se halla inspirada en una noble idea de zanjar las diferencias que se han suscitado en torno a esta decisión del Ministro que afecta el fundamento filosófico y legal de la educación dominicana. Sé que usted ha estado al tanto de los debates y discusiones, y que ha externado su preocupación al respecto; por eso llegué a creer que la comisión que se conformaría estaría integrada por académicos y personas independientes que no estuviesen en la nómina del Ministro, ni como empleados, ni como asesores, ni como contratados externos.
Sin embargo, al comprobar que de los 18 miembros juramentados por usted, el 80% están comprometidos con el Ministerio, y son asalariados directos e indirectos del Ministro, dudamos que la Comisión pueda acometer la misión para la cual fue creada, que es, o debería ser, examinar desapasionadamente no un proyecto, sino los hechos consumados ante los cuales estamos, que arrancan con la decisión de otorgar sin licitación un contrato de 5.2 millones de dólares a una empresa extranjera para que confeccione los textos y el modelo pedagógico dominicano, violando la “ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, Bienes, Servicios, Obras y Concesiones”, y la misma ley de educación; y a espaldas del Consejo Nacional de Educación , de toda la comunidad educativa y del país.
Pensé, Señor Presidente, que el Ministro daría una prueba de confianza y se sometería al escrutinio de un consistorio independiente, sin hacerse acompañar de sus funcionarios, que, habiendo confesado que desconocían cabalmente estos textos integrados, que no fueron consultados, que no construyeron ese modelo pedagógico, se han prestado, porque así se lo ordena su jefe, a defender un producto intelectual extranjero que viola la Constitución, que quebranta la ordenanza 1-95, que infringe la Ley General de Educación 66-97. Y que, por demás, le garantiza un rodillo asambleario que haría invisible el verdadero problema frente al cual estamos. Tenga usted presente, Señor Presidente, que la principal asesora del Ministro, la Licenciada Jacqueline Malagón, preside la Comisión. Hay un principio cardinal que orienta las acciones justas: no se puede ser juez y parte.
¿Qué sentido puede tener participar en una Comisión cuyo verdadero objetivo es ganar tiempo, mientras las acciones del Ministro imponen su decisión al sistema educativo? Él ya hizo imprimir los libros del segundo ciclo de la educación básica confeccionados por los mexicanos, los del primer ciclo ya están circulando también confeccionados por los mexicanos, y se están terminando de elaborar en México los correspondientes a la educación media. ¿Qué podrá hacer esta Comisión frente a esta política de ponernos ante los hechos consumados? Ni las impresiones millonarias de los libros, ni el contrato con el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE), ni la distribución de estos textos se paralizarán por las recomendaciones que haga la Comisión. Las pocas personas no comprometidas con la nómina del Ministro dentro de la Comisión, se exponen a ser instrumento de sus acciones desacertadas.
Mientras tanto, 1, 400.000 niños dominicanos están privados de la enseñanza formal de la lengua española, de la historia patria, de la enseñanza moral y cívica y de la formación religiosa. Y como hemos demostrado después de un profundo análisis, estos textos están plagados de errores conceptuales e imprecisiones históricas y científicas que los inhabilita para ser utilizados en nuestras escuelas, siendo que la seriedad de los responsables no ha estado presente como tampoco lo ha estado la práctica democrática del diálogo sobre esta delicada situación, la honestidad intelectual y ciudadana me obligan a no participar en una comisión maniatada. A esa ceremonia circense no puedo prestarme.
Por ello, Señor Presidente, presento mi renuncia formal a la Comisión de revisión de los textos integrados, y le garantizo que al Ministro Paredes no le interesa obtener un juicio independiente de la política de improvisación que está aplicando en el sistema educativo dominicano.
Muy atentamente,
Dr. Andrés L. Mateo
