El experto en legislación John Garrido expresó este jueves que el anteproyecto de ley que castiga el sicariato y el crimen organizado presentado por el Colegio de Abogado es de su autoría y no del presidente del gremio y de la otra persona que dice ser la redactora.
El anteproyecto de ley fue presentado por los abogados por ante el senador de Higuey, Amable Aristy Castro. “Con esa acción me siento estafado intelectualmente”, dijo Garrido.
El también catedrático universitario señala que el proyecto de ley aunque es de su autoría al mismo le fue introducido por el CARD algunas modificaciones que lo desnaturalizan y lo hacen ser un proyecto de ley con ciertos vicios, incluso de naturaleza constitucional.
Entiende que la introducción en el proyecto de ley del cúmulo de la pena y la sanción penal de 40 años para el delito de sicariato son figuras que van en contra de la Constitución y de Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos suscritos y ratificado por el Estado Dominicano.
Garrido expreso que el cúmulo de pena es inconstitucional y no es conveniente desde el punto de vista punitivo. Su inconstitucionalidad radica en que no permite que el imputado pueda readaptarse y evita que el mismo pueda incorporarse de nuevo a la sociedad.
John garrido señala que el cúmulo de pena al permitir acumular más de una sanción penal en un imputado conllevaría a que el mismo nunca pueda salir de la cárcel y en consecuencia no se podría cumplir los fines de las penas que establecen la constitución y los tratados internacionales.
Indica el abogado penalista que la función de las penas es la readaptación y la reinserción social según el artículo 40 numeral 16 de la actual constitución.
La actual tendencia en materia penal es la de reducir al mínimo el derecho penal, esto se recoge en la constitución cuando expresa que el ministerio publico promoverá primero la resolución alternativas de los conflictos penales, es decir, apelara en primer orden a la conciliación para resolver la violación del delito penal y en caso de que esta falle entonces se recurrirá a la sanción penal como ultimo mecanismo de solución del conflicto penal entre las partes.
De igual forma lo propone el código de procedimiento penal y el anteproyecto de código penal. Ambos instrumentos jurídicos promueven alternativas a la prisión preventiva y la pena privativa de libertad.
Garrido advierte que las modificaciones que introdujo el Colegio de Abogados al proyecto de ley original promueven un populismo penal y una demagogia penal. Mas derecho penal, mas penas y una política de supuesto endurecimiento contra el crimen lo hace ser un proyecto desactualizado e inconstitucional.
