Resulta más de comprensible que Lilliam Fondeur haya levantado su voz, una vez más, para reclamar que se respeten en el país los “Derechos de la mujer en
materia reproductiva”, y que afirme con fuerza que: “Nuestra democracia es
cuestionable, pues existen impedimentos para la información y para proteger la
vida de gran parte de la población, especialmente de las mujeres pobres”.
Las estadísticas de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología,
observan que la mortalidad materna es de 160 por cada 100.000 nacimientos, uno de los más altos índices en la región, si se tiene en cuenta que la población
alcanza unos nueve millones; la tasa de crecimiento poblacional es de 1,64 por
ciento y la tasa de natalidad representa los 25,15 nacimientos por cada 1.000
habitantes.
Ya desde antes, Fondeur había llamado a la reflexión, al señalar que “… El
Estado no puede fingir ceguera o simular oídos sordos ante las miles de niñas y
mujeres embarazadas por violación. La revisión del nuevo Código Penal debe velar por la vida de todos y todas…".
El tema de la violencia social contra las niñas, expresada en violaciones
sexuales, tratas, abuso laboral, maternidad precoz y obligatoria, muertes por
abortos bajo condiciones precarias, siguen sobre el tapete de las discusiones.
Se impone lograr la sensibilización de quienes pueden asumir decisiones que
salven las vidas y preserven la dignidad de niñas, adolescentes y mujeres en
general, que son las mayores víctimas.
Realmente, significa, como repite la activista social: “una vergüenza que con
los alardes de modernidad que hacemos mueran cientos de mujeres por causas
evitables”.
