En pos de fortalecer la protección de los derechos económicos de la población, Pro Consumidor y la Autoridad de Protección al Consumidor de Panamá (Acodero) acordaron prestarse mutuamente asistencia técnica para aprovechar experiencias y eficientizar la aplicación de su legislación y política de protección al consumidor.
Para lograr esas perspectivas futuras, la directora ejecutiva de Pro Consumidor, Altagracia Paulino y Pedro Martín Meilán Núñez, administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia de la República de Panamá, firmaron un convenio de colaboración para promover la cooperación y coordinación en asuntos de competencias y mutuo interés de ambas instituciones.
El acuerdo estable favorecer el servicio de consulta y de mecanismos extrajurídicos de solución de diferencias transfronterizas, en el ámbito y competencia de las administraciones de consumo, en la contratación y adquisición de bienes y servicios en los que estén implicados consumidores y empresas radicadas en ambos países.
Asimismo el acuerdo facilita intercambiar información relativa a su legislación, incluidos los mecanismos de observancia y normas supletorias utilizadas para prohibir y sancionar las infracciones a las normas relativas a la protección de los consumidores.
Ambas instituciones podrán intercambiar políticas institucionales, conocimientos, mejores prácticas y jurisprudencia.
Los funcionarios reconocieron el interés que tiene para la economía de los países firmantes, así como de la región, la realización de actividades para la promoción de los derechos y protección de los consumidores en sus respectivos territorios.
Al dejar firmado el acuerdo tanto la licenciada Paulino como Meilán coincidieron en que las normas en materia de protección al consumidor son aquellas que prescriben temas relacionados con los derechos de los consumidores, las obligaciones de los proveedores, la publicidad engañosa, la garantía de los productos.
También los contratos de adhesión, entre otros temas relacionados a la protección al consumidor, siempre en el ámbito de la competencia de cada organismo firmante, de acuerdo con su respectivo ordenamiento jurídico.
