Participación Ciudadana (PC), ofreció su informe al país durante su XVII Asamblea General y, aunque la mejor manera de aprender es viviendo y viendo, las noticias movieron otra vez a la reflexión: “A pesar de las múltiples legislaciones que se han creado en el país en los últimos años para transparentar el manejo de los fondos en la administración pública, los resultados no se ven…”.
Lo anterior fue afirmado por el coordinador general de dicha institución, Santiago Sosa, y las imágenes de lujos desproporcionados de tantos y tantos aparecieron bajo las violaciones de esa ley de Compras, Contrataciones y Concesiones de Obras Públicas, así como el resto de las legislaciones que
regulan el manejo del crédito público, la Tesorería, los controles internos y las asignaciones presupuestarias, entre otras, totalmente incumplidas.
No hay duda de que República Dominicana cuenta con un cúmulo de leyes que abarca cada uno de los aspectos que rigen a la sociedad. Pero, el análisis de PC apunta que “transcurrida más de una década, el esfuerzo legal por cubrir las brechas por donde se escapan tantos recursos y se filtra la corrupción y la ineficiencia, es virtualmente invisible”.
Leyes y trampas, como medusas que escapan a las manos y se insertan en la cotidianeidad, así van las cosas y, obviamente, son los que gobiernan quienes no facilitan una gestión fiscal transparente, ni eficaz.
Aún así, hablamos de gobernabilidad, constitucionalidad, democracia y, sobre todo: respeto a los derechos ciudadanos. Sin embargo, las estadísticas- que no engañan, reflejan “…un nuevo modelo de concentración personal del poder no tanto en manos de un partido sino de un líder”.
El informe de gestión de PC señala, por ejemplo, la necesidad de que la Suprema Corte de Justicia “falle un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 57/96 que dispone la exoneración del pago de impuestos a las importaciones de vehículos para los legisladores”.
Las cifras hablan, para vergüenza y consternación de algunos e indiferencia de otros:“entre enero de 2002 y octubre de 2009 los legisladores importaron 678 vehículos por CIF equivalente a RD$1,993 millones… que de haber sido adquiridos de acuerdo con las normas regulares, habrían conllevado impuestos por RD$1,022 millones”.
Y claro que dichos recursos pudieron ser empleados por el Estado para ayudar a que la Educación en el país alcance el añorado 4%, que los hospitales mejoren sus servicios y tantas ayudas más, necesarias e impostergables para quienes, aúnganando mucho menos, pagan más y más en la sociedad dominicana.
