Empresarios turísticos plantearon en el Senado que el alcalde Roberto Salcedo sea sometido a un juicio político a través de la Cámara de Diputados por promover la creación de impuestos municipales que constituyen una “usurpación de las funciones del Congreso y una violación a la Constitución y las leyes”.
La posición de los gremios del sector turístico fue presentada ante una comisión del Senado, presidida por el representante Charlie Mariotti, durante una audiencia especial en la que también participaron directivos de las principales organizaciones empresariales del país, incluyendo el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP); la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD); la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE); y la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI).
La audiencia fue celebrada a solicitud del senador de la provincia de Azua, Rafael Calderón, quien manifestó su preocupación por la decisión del Ayuntamiento del Distrito Nacional de aprobar nuevos impuestos por encima de sus facultades institucionales. En iguales términos se pronunciaron los senadores Euclides Sánchez, de La Vega; Julio Cesar Valentín, de Santiago, y Mariotti, de Monte Plata.
El planteamiento de las organizaciones del sector Turismo esta contenido en una instancia presentada a la comisión especial del Senado por el presidente de ASONAHORES, Julio Llibre, su vicepresidente ejecutivo, Arturo Villanueva; y el presidente de la Asociación de Hoteles de Santo Domingo, Roberto Henríquez.
El documento en que se analizan las consecuencias legales de las dos ordenanzas de diciembre pasado (3/2010 y 4/2010) que crean nuevos impuestos, estuvo a cargo del despacho jurídico Marra, Martínez & Sosa.
El senador Mariotti explicó que el juicio político solicitado debe ser iniciado a través de la Cámara de Diputados para luego ser conocido por el Senado de la República.
El artículo 83 de la Constitución establece que es atribución de la Cámara de Diputados: “Acusar ante el Senado a las y los funcionarios públicos elegidos por voto popular” cuando cometa “faltas graves en el ejercicio de sus funciones”, con el voto favorable de las dos terceras partes de la matrícula.
