El CONEP reiteró su rechazo a las ordenanzas establecidas por el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) porque violan a el marco constitucional dominicano y traerían nuevas cargas impositivas que perjudicarían la población en sentido general.
El presidente del CONEP, Manuel Diez Cabral, remitió el pasado 2 del presente mes, una carta al Alcalde del Distrito Nacional, señor Roberto Salcedo, en la que le requirió solicitar al Concejo de Regidores de ese Ayuntamiento del Distrito Nacional, reconsiderar y dejar sin efecto a la mayor brevedad las referidas ordenanzas; para evitar las negativas consecuencias que las mismas producirían en la economía, el clima de inversiones, la seguridad jurídica, la inversión inmobiliaria, y sobre todo, en los presupuestos de los hogares de los residentes en esta ciudad de Santo Domingo. Sin embargo, el señor Alcalde del Distrito Nacional, no ha respondido dicha carta.
Asimismo, el CONEP recordó que varias organizaciones empresariales sometieron un recurso de amparo contra las ordenanzas dictadas por el Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional. También el CONEP remitió una carta al Senado de la República, a través de la Comisión de Industria y Comercio Y Zonas Francas que preside el senador Charlie Mariotti, para que tenga a bien sopesar estos planteamientos para que pueda contribuir a evitar las negativas consecuencias que las referidas ordenanzas producirían en la economía, el clima de inversiones, la seguridad jurídica, la inversión inmobiliaria, y sobre todo, en los presupuestos de los hogares de los residentes en esta ciudad de Santo Domingo; así como el nocivo efecto multiplicador hacia otras municipalidades que podría derivarse de estas acciones, en violación de facultades constitucionales acordadas al Congreso Nacional y de disposiciones legales.
“Como hemos externado públicamente, en nuestra opinión estas ordenanzas no sólo atentan contra el marco constitucional y legal de nuestro país, sino que constituyen un severo golpe a los sectores productivos y a la población en general que se vería afectada por nuevas cargas impositivas que impactarían sensiblemente la disponibilidad de recursos de los residentes en el Distrito Nacional; lo que naturalmente produciría una indeseada contracción de la actividad económica, que apenas comienza a restaurarse”, advirtió el presidente del CONEP.
Diez Cabral sostuvo que una de las causas que provocan que nuestro país sea tan o más caro que muchos países de la región y del mundo, es precisamente la duplicidad de cargas que tienen que asumir los sectores productivos, por lo que los bienes y servicios en este país resultan muy elevados.
“De ponerse en aplicación la “Ordenanza Sobre Trámites, Procedimientos, Tasas y Arbitrios de Planeamiento Urbano”, de fecha veintitrés (23) del mes de diciembre del año dos mil diez (2010), dictada por el Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional; se produciría un encarecimiento significativo de la construcción en Santo Domingo, así como de los precios de los locales comerciales y unidades habitacionales; por el desmedido aumento de las tasas de permisos y la creación de nuevos impuestos, como el que crea el artículo séptimo de la referida ordenanza, “Impuesto Sobre Impacto al Espacio Abierto”, con cargo al permiso de construcción. En adición a que sus disposiciones vulneran nuestro orden constitucional y legal”, alertó el CONEP.
Agregó que en adición a que las disposiciones del cabildo vulneran nuestro orden constitucional y legal. “Naturalmente que esas tasas e impuestos, duplicados o creados mediante la referida ordenanza, no podrían ser absorbidos por el sector de la construcción, sino que serían traspasados al costo de venta de las mismas; lo que mermaría el mercado inmobiliario que es un factor clave en nuestra economía”, afirmó el CONEP.
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El organismo cópula del empresariado dominicano recordó que los más diversos sectores han expresado que la ordenanza que establece arbitrios por uso y mantenimiento de predios en el Distrito Nacional, el Impuesto sobre los Activos para las personas jurídicas; lo que está expresamente prohibido por el artículo 200 de la Constitución de la República.
El CONEP advirtió que este arbitrio por supuesto uso y mantenimiento de suelo, afectaría a todas las propiedades en el Distrito Nacional, sin distinción de tamaño o valor, salvo las expresamente exceptuadas por pertenecer al gobierno, embajadas, iglesias u organismos internacionales; por lo que se trata de una disposición, además de inconstitucional, abusiva e irracional.
