Miembros de la Comisión Política del Partido Revolucionario Independiente (PRI) sometieron este jueves por ante el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) a Trajano Santana por alegada malversación de fondos.
Los priistas presentaron formalmente una querella y acusación por crímenes de robo, prevaricación, asociación de malhechores y abuso de confianza.
El Secretario Nacional de Organización Licenciado Julio Jiménez y Jaime Max Taveras Primer Vice-presidente del (PRI), denunciaron que Trajano ha recibido treinta y siete millones setecientos mil pesos RD$37, 700,000.00 de la junta central electoral (JCE) a través de la ley 275-97 lo cual han sido utilizados para usos personales tales como pago de alquiler de oficina particular, apartamento en la avenida Anacaona y vehículos de lujo. Cuando los recursos deberían ser utilizados en educación, formación política y crecimiento del partido.
Los altos dirigentes declararon que desde que Trajano asumió la presidencia en el año 2003 ha mantenido a la organización en pugnas, conflictos internos y divisiones llevando al PRI de una cuarta posición al lugar numero veinte y cinco de la boleta electoral en consecuencia de la mala administración y conducción del partido.
Julio Jiménez Afirmó que la cámara de cuentas practico una auditoria sobre la disposición de los recursos de la distribución económica del Estado al Partido Revolucionario Independiente (PRI), al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2008 en la cual se declaró que esa organización emitió cheques sin la documentación de soporte correspondiente y apertura de cuentas bancarias a titulo personal.
Se le acusa a Trajano Santana de violar los Estatus Fundamentales del PRI explícitamente del articulo 43 inciso 07 que establece que las atribuciones del Comité Central Directivo son; estudiar y aprobar los presupuestos generales del partido y autorizar las trasferencias de fondos de uno a otro capitulo.
Por uso ilícito de los recursos económicos del partido, por abuso de confianza ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional con solicitud de tomar Medidas de Coerción por violación de los artículos 127,265, 266, 379, y 408 del código penal dominicano. Artículo 3 literales a, b y c 4 y 18 de la ley 72-02 sobre lavado de activos, en perjuicio del (PRI) de la sociedad y el estado dominicano.
Los altos dirigentes hacen un llamado al presidente de la JCE el doctor Roberto Rosario a no entregar los recursos del partido hasta que sea elegido el Tribunal Superior Electoral para que este resuelva la situación legal en la que esta sumergida la organización política.
