No se trata sólo decondenar y calificar como “grave” la entrada de un barco cargado con 306 mil 997 barriles de Naphhol (derivado del petróleo) al Santuario de Ballenas de Samaná, sino de impedir con todas las medidas al alcance, que acciones de este tipo violen las leyes y cometan crímenes de tal envergadura.
De sobras existen hechos que han conmovido a la opinión pública. La memoria marca la manera en que arenas y playas dominicanas han sido contaminadas y, al final, las penas no han sido lo suficientemente duras, ni se han recuperado los daños cometidos.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha informado acerca de sus intervenciones y sometimientos legales; sin embargo, aunque su titular, Jaime David Fernández Mirabal, asegura que los violadores merecen una “sanción ejemplar”, personalidades y organizaciones en el país le acusan de sólo imponer multas a quienes contaminan las aguas territoriales y permitir que los barcos se vayan.
Argumentan quienes difieren de las actuaciones asumidas por Medio Ambiente, que “constituyen medidas de prevención y de fiscalización efectivas que refuerzan la aplicación de otras sanciones de tipo penal, estas últimas debiendo ser aplicadas por ante la jurisdicción penal a través de la Procuraduría para la
Defensa del Medio Ambiente ylos Recursos Naturales”.
El santuario de las ballenas jorobadas constituye una reserva natural, y frontera, en términos ambiental y ecológico, sitio en el cual concurren criollos y foráneos cada año para presenciar un espectáculo sin paralelo. Derrames de este tipo, provocan daños al lecho marino, al ecosistema, al medio ambiente de
la nación, en definitiva.
