EDENORTE fue sometida por ante el Tribunal Superior Administrativo por negarse a revelar la información sobre sus relaciones comerciales con una empresa a la que suministra electricidad subsidiada por el Gobierno para revenderla en el Distrito Municipal de El Limón.
El recurso de amparo fue presentado por la Compañía Luz y Fuerza de Las Terrenas que requirió la información en virtud de la Ley de Libre Acceso a información pública.
Luz y Fuerza ha denunciado que EDENORTE se ha prestado a una maniobra tipo “dumping” para sacarla del mercado de distribución de las Terrenas y El Limón mediante su sociedad con una distribuidora local que cuenta con la protección del Superintendente de Electricidad, ingeniero Francisco Méndez, con el objetivo de afectar su posición en esta zona en la cual presta un servicio eficiente de electricidad, 24 horas 7 días a la semana, desde hace mas de 18 años, sin recibir subsidios ni privilegios especiales.
Luz y Fuerza entiende que la actitud de EDENORTE la perjudica por lo que exige transparentar los acuerdos en que se apoyó para intervenir en esa zona. Sus abogados, Froilán Tavares Cross y Laura Acosta Lora, han pedido al tribunal que ordene al ciudadano chileno Eduardo Saavedra, gerente de EDENORTE, la entrega de los documentos requeridos mediante una solicitud formal sometida el pasado 11 de enero, a la cual el funcionario no ha obtemperado.
La información solicitada incluye una copia del contrato de venta de energía intervenido entre EDENORTE y la distribuidora Progreso El Limón, así como las facturas pagadas desde que la distribuidora estatal comenzó a suministrar energía subsidiada a esa empresa.
Sostienen que EDENORTE construyó de manera ilegal una línea de distribución desde la ciudad de Samaná hasta el Distrito Municipal de El Limón dentro del área de concesión otorgada a la Compañía de Luz y Fuerza de Las Terrenas, hecho por el cual ambas empresas fueron demandadas en daños y perjuicios y condenadas al pago de una indemnización de diez millones de pesos, decisión que se encuentra pendiente de un recurso de casación en la Suprema Corte de Justicia.
Consideran que la Superintendencia de Electricidad y Progreso El Limón, propiedad del ciudadano español Manuel Pastor, se han empeñado en desplazar de esa zona a la Compañía Luz y Fuerza, una distribuidora establecida desde el año 1992 y convertida en el motor del desarrollo del Norte y el Este de la península de Samaná.
Tavares Cross y Acosta Lora dicen que la resistencia de EDENORTE a transparentar sus relaciones con Progreso El Limón reafirma la sospecha de que ambas entidades están propiciando un dumping comercial, utilizando energía subsidiada por el Estado para tratar de apropiarse del mercado de distribución de Luz y Fuerza.
