La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), se mostró preocupada por los datos arrojados por el informe del departamento de estado de Los Estados Unidos de Norteamérica, que ubica al país como uno de los principales violadores en el mundo de los derechos humanos.
Trajano Potentini señaló que la trata de personas, la violencia de género, desatención a la educación y la salud, y lo más preocupante aun, es la indicación del referido informe, dando cuenta de la existencia en la República Dominicana de una corrupción generalizada.
El presidente de la entidad de sociedad civil reveló que el incumplimiento por parte del Estado de una serie de compromisos internacionales en materia de lucha contra la corrupción y respeto a los derechos humanos dejan muy mal parado al país, haciéndolo pasible de condenas que le prohíben y limitan el acceso y beneficio en el ámbito de la cooperación internacional de ayudas y recursos que al día de hoy pudieran estar sobrepasando los mil millones de dólares, dejados de percibir en el marco de la denominada cuenta del milenio y otras iniciativas similares.
Potentini precisó que solamente por concepto de la cuenta del milenio, instituida por el Congreso Norteamericano en el año 2004, la República Dominicana debió haber recibido montos ascendentes a los doscientos millones de dólares anuales de manos de la corporación reto del milenio, creada para su administración, a condición de observar esfuerzos sostenidos y cuantificables por parte del Estado dominicano, en materia de desarrollo humano, justicias social, disminución de la pobreza, combate a la corrupción, los derechos humanos entre otras variables relacionadas con la sana y adecuada administración del estado.
La FJT urgió al Estado dominicano a implementar políticas públicas, que en el corto tiempo puedan conjurar y diezmar los males que refiere el informe de Los Estados Unidos, que además nos coloca en una posición de desventajas en el tratado de libre comercio DR CAFTA, frente a los demás países suscribientes que pueden objetarnos los productos objeto de intercambio comercial en condiciones igualitarias, bajo el alegato del no cumplimiento de una serie de estándares internacionales fundamentalmente en materia de derechos humanos y combate a la corrupción.
La Fundación justicia y transparencia, llamó a la dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), que dirige Otoniel Bonilla, a tomarle la palabra al Procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña, en el sentido de agilizar y someter a la justicia los actos de corrupción que en la actualidad son investigados.
