Los ministerios de las Fuerzas Armadas y Educación Superior Ciencia y Tecnología, además de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), la Oficina Supervisora de Obras del Estado y la Dirección de Bienes Nacionales cumplen de forma escasa y deficiente la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.
Según un estudio del movimiento cívico Participación Ciudadana, a estas instituciones se le agrega la Superintendencia de Seguros, Dirección General de Migración, el IDECOOP y el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), quienes obtuvieron puntuaciones de 12 a 20 puntos de una evaluación de 100.
Mientras que las Instituciones que obtuvieron mayor calificación en el cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública son el Ministerio de Salud, Dirección General de Impuestos Internos, ARS-SENASA, Superintendencia de Pensiones, Ministerio de la Mujer, Superintendencia de Bancos, Ministerio de Educación, Dirección General de Contrataciones Públicas y la Procuraduría General de la República, con puntuaciones de entre 96 y 100 puntos.
Participación Ciudadana reveló este miércoles que más del 53% de las instituciones públicas no cumple con la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información. La información fue dada a conocer mediante un estudio del capítulo dominicano de Transparencia Internacional presentó el “5to Informe de Monitoreo a la Aplicación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública”.
Para la elaboración de este estudio, según Participación Ciudadana, se verificaron si las instituciones analizadas disponen de Oficinas de Acceso a la Información (OAI); funcionarios responsables de Acceso a la Información (RAI) y calidad de la información disponible en sus portales electrónicos.
También, el grado de cumplimiento a las solicitudes de información hechas por organizaciones o ciudadanos particulares; actualización de datos sobre presupuestos y ejecuciones; convocatorias y resultados de concursos y licitaciones para compras y contrataciones; detalles de las nóminas; declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios obligados, y otros de similar naturaleza.
Samir Chami Isa, coordinador general de PC, informó que de una muestra de 82 Instituciones investigadas, 44 obtuvieron calificaciones por debajo de los 70 puntos, equivalentes al 53.7%, lo que demuestra que tienen un escaso cumplimiento de las disposiciones legales sobre la materia.
Chami Isa señaló que de ese 53 por ciento, casi el 38% de las instituciones obtuvieron menos de 50 puntos, lo que calificó como lamentable.
Agregó que sólo 28 de las instituciones, equivalentes al 34.2% del total evaluado, se ubican en las categorías A y B, al lograr una calificación entre 80 y 100 puntos.
El Coordinador General explicó que en este quinto monitoreo de la ley 200-04 realizado por PC fueron investigadas 82 entidades del sector público dominicano, entre ellas: 20 ministerios; 21 direcciones generales; 24 instituciones descentralizadas; y 17 organismos adscritos y especializados.
Las mismas fueron seleccionadas tomando en cuenta la importancia de las funciones que desempeñan y el monto de recursos presupuestarios manejados.
Método de evaluación
El movimiento explicó que con los resultados de tales ponderaciones se construyó un “ranking” de cero (0) a cien (100) puntos, mediante el cual las entidades evaluadas quedaron ubicadas según su nivel de cumplimiento.
PC explicó que a partir de las puntuaciones ponderadas obtenidas por las instituciones públicas evaluadas, se construyó el ranking en el cual se ubican las instituciones en orden descendente, desde aquellas con una calificación de cien (100) puntos, por el total cumplimiento, hasta aquellas cuya puntuación se acerca a cero (0), por tener un escaso cumplimiento de las disposiciones legales sobre la materia que nos ocupa.
En el cuadro que se muestra a continuación se presenta un resumen del citado ranking, agrupando las 82 entidades investigadas en seis (6) categorías según las puntuaciones obtenidas.
