El Séptimo Tribunal de la Instrucción del Distrito Nacional fue apoderado este viernes del expediente acusatorio de cinco empleados del Seguro Médico de los Maestros (SEMMA), para conocerle medida de coerción por supuestamente usurpar RD$544 millones de esta ARS.
La medida de coerción fue incoada por el Ministerio Público a través de Hotoniel Bonilla García, director del Departamento de Prevención de la Corrupción (DPCA), en contra de Fernando Conde Modesto, ex director del Departamento Médico y Marcelino Rijo Guzmán, ex Director Administrativo.
También en contra de Eddy Leonardo Terrero Fermín, encargado del Departamento de Auditoría; Luis Sánchez Paredes, encargado del Departamento de Tesorería y Bélgica Díaz Moreno, encargada del Departamento de Educación.
El grupo es sometido por presunta violación a las disposiciones de los artículos 166, 167, 169, 170, 171, 172, 265 y 266 del Código penal Dominicano y el artículo 146 de la Constitución dominicana.
En contra de los acusados el Ministerio Público está solicitando una medida de coerción consistente en garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida.
Según la acusación los hechos más trascendentes están contenidos en una auditoría preliminar, practicado por la Cámaras de Cuentas Dominicana, que abarca el período comprendido entre el primero de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2009.
Dicha auditoría destaca que durante el 2006 la entidad tuvo ingresos por RD$379 millones 20,864, en el 2007, RD$ 745 millones 507,909, en el 2008, RD$1,542 millones 140,834 y en el 2009, RD$1,772 millones, 603,652.
Según estos datos, queda de manifiesto un significativo incremento, por lo que si se comparan los ingresos del primer año con los del último, se resalta un capital de trabajo negativo de RD$149 millones.
De acuerdo a las conclusiones esto significa que de algún modo ese monto ha sido malversado. Asimismo, los servicios prestados por la entidad a sus afiliados iban deteriorándose hasta sucumbir al final del 2009.
El informe refiere que las pérdidas operacionales acumuladas en los años 2008 y 2009, alcanzan la suma de RD$544 millones 211, 304, es decir, un pasivo generado por las autoridades de turno que provoca graves trastorno a la institución.
