Profesionales del derecho y de otras ramas entienden que los acuerdos con las autoridades, como los realizados entre el Ministerio Público y las damas del supuesto narcotraficante José David Figueroa Agosto, impedirán que impere la impunidad en la República Dominicana.
La señora Leavy Yadira Nin Batista negoció declararse culpable y entregar dos apartamentos, uno está en Los Llanos de Juan Dolio, en San Pedro de Macorís, otro en el residencial Renacimiento, del municipio Santo Domingo Este. Esto además de una yipeta marca Land Rover del año 2008.
En cambio, la Fiscalía del Distrito Nacional pidió cinco años de prisión, dos años y medios de estos en libertad condicional, haciendo trabajos voluntarios. Esto fue acogido por la jueza Claribel Nivar Arias, del Segundo Juzgado de la Instrucción, quien dictó cinco años de prisión, de los cuales serán suspendidos dos años y medio bajo la condición de asistir a seminarios, charlas y realizar trabajo comunitario.
La reacción a este acuerdo no se hizo esperar y este martes el coordinador general de Participación Ciudadana (PC), Samir Chami Isa, consideró que los arreglos como el de la Fiscalía del Distrito Nacional con la ex esposa del narcotraficante José David Figueroa Agosto, van a impedir que la impunidad impere en la República.
Chamir Isa dijo que los acuerdos con imputados es un proceso que está contemplado en el Código Penal, donde antes del juicio de fondos el Ministerio público puede negociar con la imputada.
Explicó que en este caso lo primordial es que se llegue acuerdo que puedan arrojar luz al proceso e identificando todas aquellas personas involucradas que no están en el proceso en estos momento.
Manifestó que de llegarse a una transacción como esa, donde la imputada salió beneficiada con la reducción de la pena, lo normal debería traer como resultado, implicados ajenos al expediente.
Sin embargo, precisó que lo importante es que esos acuerdos se haga de manera transparente y se dé a la luz pública, ya que a su juicio, si se hizo una transacción sin l ningún resultado solo por el hecho de beneficiar a la imputada, “entonces no estamos en nada “, agregó.
“Si ese tipo de negociación va permitir que todas esas personas que resultaron implicada sean sometida a la justicia y aperturada a un proceso, pues vario la pena que se llevara ese juicio abreviado”, destacó.
No obstante, expuso que en materia de drogas el problema es que no siempre apresan a los responsables y cabecillas envueltos en la red, al tiempo que señaló que lo importante en este caso es llegar apresar esa red y que el Ministerio Público saque informaciones primordiales que favorezcan el futuro del juicio e identifique quienes son esas personas y le abra sus expedientes sin importar que sean funcionarios, militares o ciudadano común y que se le apertura un juicio para que sean sometida.
Dijo que para que se combata de raíz la lucha contra el narcotráfico en la República Dominicana, si se tiene que negociar para impedir que la impunidad impere en país se haga y todo el que comete acto delictivo sin importar quien sea se le aplique todo el peso de ley.
El abogado y ex presidente del Colegio Dominicano de Abogados, José Fernando Pérez Vólquez, explicó el Código Penal Dominicano permite esos niveles de negociación en diferente tipos penales.
Refirió, que pese al acuerdo, a Nin Batista en materia de derecho no había forma de probarle que fuera responsable de los hechos que le imputan, porque ninguna mujer inquiere de donde vienen los valores de su esposo, pero que en definitiva lo que hizo el fiscal Alejandro Moscoso Segarra y la magistrada del Segundo Tribunal de la Instrucción, Claribel Nivar Arias fue correcto.
Por su parte, el abogado Valentín Peguero, sostuvo que las imputadas, Félix Morel y Nin Batista se precipitaron en sus negociaciones y dijo que en una sociedad machista, como la nuestra, la mujer no tiene porque saber de donde obtiene el hombre los recursos que lleva al hogar.
Indicó que los acuerdos con los imputados solo favorecen al Ministerio Público, puesto que busca un acuerdo cuando no tiene pruebas suficientes para lograr una condena.
Nin Batista, fue condenada el lunes a cinco años de prisión en la cárcel de Najayo por el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, por asociación de malhechores, lavado de activos y uso de documentos falsos.
La sentencia sería suspendida condicionalmente a los dos años y medio, según lo acordado por Nin Batista con el Ministerio Público.
Para la suspensión condicional de la pena deberá cumplir las siguientes condiciones: Aprender un oficio, someterse a la vigilancia del juez de la Ejecución de la Pena de la jurisdicción correspondiente, en este caso el de San Cristóbal. Además, brindar servicios comunitarios en una institución estatal o sin fines de lucro.
El Tribunal, también dispuso el decomiso de los bienes declarados por la imputada como productos de las acciones ilícitas de lavado.
