El jueves 12 de mayo de 2011, la Unión Europea, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, desarrollaron un seminario sobre la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva (ITIE), donde se dieron cita los principales actores del sector minero dominicano; los aspirantes presidenciales Hipólito Mejía (PRD) y Osiris de León (PRSC); el Ministro de Economía Planificación y Desarrollo, Ingeniero Temístocles Montás; y el Rector de la PUCAMAIMA, monseñor Agripino Núñez Collado.
También estuvieron presentes la presidenta de la Cámara de Cuentas, Dra. Liselotte Marte de Barrios, el presidente de la empresa minera Barrick Gold, Manuel Bonilla; el encargado de negocios de la Unión Europea en Rep. Dominicana, Manuel Carreras; delegados internacionales de Centro América y Sur América, así como gerentes y ex gerentes de las empresas mineras dominicanas.
El encargado de negocios de la Unión Europea en Rep. Dominicana, Manuel Carreras, dijo claramente que la Unión Europea está convencida de que en la República Dominicana el Estado debe transparentar los ingresos recibidos por parte de las industrias extractivas (mineras) porque esos recursos económicos son esenciales para el desarrollo del país, por lo que llamó al país a adherirse a la ITIE cumpliendo los tres pasos exigidos por ese organismo internacional.
El Ministro de Economía Planificación y Desarrollo, Ingeniero Temístocles Montás, al pronunciar su discurso, dijo que los gobiernos, los inversionistas y la sociedad civil, deben empeñarse en fortalecer la transparencia económica y ambiental de sus operaciones, para que la población sepa cuánto pagan las empresas mineras, qué se hace con ese dinero y cuál es el balance ambiental.
El presidente de la empresa minera Barrick Gold, Manuel Bonilla, dijo que el gobierno dominicano es socio de la Barrick Gold, y que el gobierno recibirá el 50% de los beneficios obtenidos por las operaciones de esa empresa minera, y la verdad es que ahí sí faltó transparencia, porque la enmienda al contrato de explotación del oro, la plata, el cobre y el cinc de Pueblo Viejo, no dice eso en ninguna parte, pues precisamente ese 50% de los beneficios es lo que hemos estado reclamando públicamente y lo seguiremos reclamando hasta que se modifique el contrato y se escriba lo mismo que dijo Bonilla.
Recientemente, la Academia de Ciencias de la República Dominicana, institución que vela por los mejores intereses ambientales, sociales y generales de la sociedad dominicana, ha dado a conocer públicamente su opinión institucional en relación al Contrato suscrito entre el Estado Dominicano y la empresa minera Barrick Gold, y ha pedido al Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández, y al Congreso de la República, revisar la última versión de ese contrato minero.
La Academia de Ciencias reclama que el Estado Dominicano reciba, como mínimo, el 50% de los beneficios netos de las operaciones mineras de la Barrick Gold, desde el mismo primer año de operación, bajo un esquema de auditoría contable nacional e internacional, ya que el precio del oro se ha mantenido por encima de los 1,500 dólares la onza troy, precios nunca antes vistos en la historia de la comercialización de este precioso metal, y seguirá subiendo; exigiendo también el control total de la contaminación ambiental producida por esta mina sulfurosa a cielo abierto.
De igual modo, la prestigiosa emisora, con alcance nacional, La Zeta 101, ha mantenido en el aire un excelente editorial, donde, con datos y cifras contundentes, cuestiona la enmienda al contrato minero de la Barrick Gold y los daños ambientales, y exige que ese contrato sea revisado para que el pueblo reciba el 50% de los beneficios netos, llamando al pueblo dominicano a sumarse a esta exigencia de interés Patrio, sumatoria que crece día a día.
De ahí que las declaraciones del presidente de la Barrick Gold, Manuel Bonilla, en el sentido de que el gobierno recibirá el 50% de los beneficios obtenidos por las operaciones de esa empresa minera, no obedecen a una voluntad de esa empresa, sino al deseo de liberarse de la presión ejercida por una sociedad dominicana que reclama el 50% de los beneficios de su oro, su plata, su cobre y su cinc.
Todo el que sabe leer puede ver que la enmienda al contrato minero de la Barrick Gold establece que se elimina el 25% de Participación en las Utilidades Netas (PUN) hasta que la empresa haya recuperado una inversión cercana a los 3,500 millones de dólares y hasta que se haya obtenido una Tasa Interna de Retorno (TIR) de un 10%, lo que indica que si la empresa recupera su inversión, pero demuestra contablemente que no ha obtenido una Tasa de Retorno de un 10% no tiene que pagar nada más que el 3.2% del Retorno Neto de Fundición, es decir, 3 centavos de cada peso de beneficio.
Las palabras de Manuel Bonilla, presidente de la Barrick Gold, tendrían más peso dentro del cuerpo del cuestionado contrato, que dentro de la sala de conferencias de la PUCAMAIMA, porque las palabras se las lleva el viento, lo que indica que si la Barrick quiere estar más de 30 años en nuestro país, como dijo Bonilla, lo mejor que puede hacer es sentarse de inmediato con el gobierno y escribir en el Art. 8 del contrato una simple línea que diga: “El Estado Dominicano recibirá, desde el mismo primero año de operación, el 50% de los beneficios netos auditados”, y borrar todos los demás disparates escritos en ese odioso artículo.
Si la Barrick lo hace así, se acaba la discusión, al menos con nosotros, y retorna la tranquilada para ellos y para la sociedad, pues desde que la Falconbridge Dominicana aceptó el 1986 revisar su contrato con el Estado Dominicano, y pagar el 50% de los beneficios netos de sus operaciones, se acabaron los pleitos entre el gobierno, el pueblo y la empresa.
Revisemos ese contrato ahora, antes de que la empresa comience sus operaciones minero-metalúrgicas. Así lo reclama todo el país y así deben hacerlo el gobierno y la empresa.
