El crimen organizado es silencioso, invencible y poderoso.
Para sus operaciones en el mundo tiene a sus servicios jefes militares, policiales, fiscales, jueces, abogados, periodistas, empresarios, dirigentes políticos, legisladores, fiscales y lo que sea, no importa el precio que tenga cada uno de estos sectores.
La República Dominicana en este momento está bajo el bombardeo del crimen organizado.
Todo se inicia cuando se tira el globo de ensayo de la creación de la Policía Técnica Judicial (PTJ), en las gestiones de los ex fiscales Julio Ibarra Ríos y Guillermo Moreno.
Cuando Ibarra Ríos, el experimento fracasó porque esa PTJ parecía un partido político, no un organismo de investigación científico y eficaz. Posteriormente, el doctor Guillermo Moreno retoma el tema sin éxito.
En países como España, Panamá, Venezuela, Honduras, México, entre otras, las PTJ en vez de disminuir la violencia, el crimen, los asaltos y el narcotráfico, sus acciones han aumentado y México es el mejor ejemplo.
La Cámara de Diputados y el Senado que integran en el primer poder del Estado parece ser que fueron sorprendidas, dejando pasar por arte de magia una iniciativa para intentar implementar la PTJ como un organismo de investigación, persecución y aplicación de la ley de una manera independiente, regida por la Procuraduría General de la República y las fiscalías.
En los Estados Unidos de Norteamérica no existe la PTJ, sino que una vez que la policía federal, policía de transporte, escolar y otras investigan, apresan y envían a los tribunales a los infractores, los fiscales se apoderan de los casos fortaleciendo los expedientes, manteniéndose vigilantes y firmes en el cumplimiento del deber.
Este mismo procedimiento aplican el FBI, la DEA, La CIA, guardacostas, aduanas e inmigración.
Esto permite la solución de grandes crímenes, incautación de cargamentos de drogas, combatir el terrorismo y delitos conexos.
Estamos frente a una nueva embestida para disminuir la capacidad operativa de la policía; la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), y las agencias de inteligencia creando escuadrones de PTJ sin entrenamiento, experiencia y de facturación política partidaria, porque solamente podrán pertenecer a ella los dirigentes y militantes del partido en el poder, sea el PLD, PRD, PRSC o cualquier partido que llegue al gobierno, porque los procuradores y fiscales en la práctica dependen del poder político gubernamental. Esa es la realidad aunque existan leyes que digan otra cosa.
Los teóricos y defensores de la PTJ deberían leerse el artículo 261 de la Constitución que establece “cuerpos de seguridad pública o de defensa. El Congreso Nacional, a solicitud del presidente de la República, podrá disponer, cuando así lo requiera el interés nacional, la formación de cuerpos de seguridad pública o de defensa permanente con integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que estarán subordinadas al Ministro o institución del ámbito de sus respectivas competencias en virtud de la ley. El sistema de inteligencia del Estado será regulado mediante ley”.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen sus leyes que definen sus orígenes y mandos. Que se sepa, el presidente doctor Leonel Fernández Reyna, no ha solicitado ni requerido la creación de la PTJ.
Es decir que esa PTJ contradice el artículo 261 de la Constitución y toda ley que sea contrario a ella es ilegal.
La alerta dada por el jefe de la policía, Mayor General José Armando Polanco Gómez, en el sentido de que “la creación de una Policía Técnica Judicial (PTJ), la cual dependería del Ministerio Público y tendría el manejo de las investigaciones criminales, el sistema de seguridad corre el riesgo de colapsar como ha sucedido en otros países del área del Caribe y América Latina”.
La puntualización de Polanco Gómez se basa en el sentido de que “en los países donde se ha implementado este tipo de sistema en la práctica ha sido un fracaso, brindándoles la oportunidad a los delincuentes de realizar sus fechorías sin control”.
Estas declaraciones no tienen desperdicios y deben ser tomadas en cuenta para que el Congreso rechace la ley de marras llamada PTJ, y lo que es más importante que en caso de ser probada sin haber llamado a vista pública para oír a la policía, las Fuerzas Armadas Dominicanas y sectores de la sociedad, el presidente, si llega a su despacho, la vete.
Los estragos sociales causados por el Código Procesal Dominicano son suficientes, porque por sus bondades garantizan a homicidas, atracadores, narcotraficantes, sicarios y funcionarios corruptos gozar de libertad.
Tenemos que estar atentos frente a este intento de desintegrar la policía y que así el crimen organizado ande a sus anchas.
Respaldemos a Polanco Gómez y defendamos la institucionalidad emanada de la Constitución de la República.
