Desde el día que el país amaneció alborotado por el envío al Senado de seis medidas fiscales dirigidas a conjurar el déficit de las finanzas públicas provocado principalmente por el disparo de los precios internacionales del petróleo, he expresado total objeción al cambio en el gravamen a la propiedad inmobiliaria, que, aunque eleva el monto exento a seis millones de pesos, acumula los bienes de una persona para luego hacer esa deducción. Hasta el momento las propiedades se evalúan en forma individual y si no alcanza el valor a partir del que se considera suntuaria, no se cobra impuesto.
El cambio atenta contra un hábito previsorio arraigado en los dominicanos, que entienden como única inversión segura la que se hace en bienes raíces, por lo que cualquier vecino además de la casa en la que vive posee una o varias viviendas de alquiler, a veces apartamentos económicos, que sumados como se pretende, lo llevarían a pagar lo que no está percibiendo por concepto de alquiler.
Por fortuna, la mayoría de los legisladores se resisten a votar por esa medida, por lo que han procurado una alternativa como sería gravar con un 2.5% las ventas brutas de las zonas francas en el mercado local.
Pero también me parece inapropiado la incorporación de los servicios de televisión por cable al impuesto selectivo de 10% sobre los servicios de telecomunicaciones, al que en los últimos años se ha ido afiliando de manera formal la clase media baja, para tener entretenimiento e información como la clase media y los ricos. No debe obviarse que al jefe o la jefa de hogar al que se le pondría a pagar ese selectivo, lleva suficiente con la indexación de la tarifa energética, que también es consecuencia del alza en los combustibles.
No obstante, he ponderado que las medidas están en la dirección progresiva que siempre se ha reclamado, que pone a pagar a los que más se benefician, tratando de preservar el poder de compra de los que menos tienen.
La acción de mayor impacto recaudatorio es la que penaliza con un 1% los activos de las instituciones financieras, y afortunadamente se ha llegado a un acuerdo con los bancos comerciales no solo para atenuar, como se ha hecho, esa medida, sino para garantizar que no tuviera incidencia sobre las operaciones de los bancos transferibles a los clientes. Aunque la oposición ha hecho demagogia con ese tema, el penalizar beneficios no incrementa costos de operación.
El otro sector más afectado es el de los juegos de azar y las bancas deportivas, para el que el camino debe ser el mismo que se concedió al sector financiero, el del diálogo para escucharlos y procurar un consenso.
Se trata de un sector que tiene un impacto importante en el empleo y la entretención, así como con el mantenimiento de una vía de escape sin la cual la sociedad fuera menos llevadera.
Aunque se incurrió en la pifia de enviar esas medidas sin explicarlas, el debate se ha ido equilibrando así como el convencimiento de que tenemos que preservar la estabilidad macroeconómica para lo que es necesaria la continuidad del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
