Número 15
Tomando en cuenta que la política ha sido considerada como la vía más expedita para dirigir los gobiernos en los países que han adoptado los regímenes democráticos para conducir los estados, en la República Dominicana esa tesis no ha sido la excepción y, por lo tanto, ha tenido su incidencia en el sector de las Telecomunicaciones, aunque no de manera preponderante como en otros renglones de la economía nacional.
En algunos momentos, las decisiones que se tomaban desde los órganos de regulación del sector de las Telecomunicaciones, estuvieron apartadas del poder estrictamente político y se prefirió que en las mismas predominara el conocimiento técnico y profesional de quienes se habían destacado en el estudio de esa área de especialización.
Es así como desde la Dirección General de las Telecomunicaciones y la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, las cuales operaban en el mismo Palacio de las Telecomunicaciones, se adoptan rigurosas medidas para que, en sus inicios, quienes resulten favorecidos con las asignaciones de frecuencias y el otorgamiento de permisos y licencias para operar los medios de comunicación audiovisuales, fueran verdaderamente profesionales o técnicos en el sector de las Telecomunicaciones.
Es de ahí que podemos asegurar que las primeras emisoras que se otorgaron en el país y los primeros permisos que se expidieron a particulares para operar esas frecuencias, les fueron asignadas a verdaderos profesionales de las Telecomunicaciones como fueron Frank Hatton Guerrero, propietario de la emisora HiH y Vinicio Saladín, quienes encabezaron el listado de los primeros locutores dominicanos examinados oficialmente por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos el 18 de abril del 1938.
Esa medida, adoptada inicialmente por las autoridades dominicanas, permitió el rápido desarrollo de la radiodifusión nacional dentro del sector de las Telecomunicaciones, colocando a la República Dominicana entre los primeros referentes en América Latina, por la calidad de sus transmisiones, la profesionalidad de sus locutores y por haberse convertido en el país de mayor cantidad de estaciones radiales por el número de habitantes de cualquier territorio de las naciones de la región.
Más tarde, políticos, empresarios y algunas transnacionales que comenzaron a ver el progreso que había experimentado la República Dominicana en materia de Telecomunicaciones y el poder que ese sector representaba para quienes poseían el dominio de esos medios de comunicación, se interesaron por incursionar en los mismos como forma de incrementar sus influencias en la sociedad dominicana y proteger sus bienes y capitales adquiridos.
Algunos empresarios, partieron de las experiencias que habían vivido, como consecuencia de las quiebras de sus bancos y empresas, las cuales durante el momento del colapso no encontraron las defensas que necesitaban en los medios de comunicación para replicar los embates que recibían desde el aparato estatal y sectores adversos de la sociedad dominicana.
Esa situación permitió que desde el ocaso del régimen de Rafael Leónidas Trujillo y luego de su ajusticiamiento los políticos y empresarios nacionales y extranjeros se interesaran en invertir en los medios de comunicación audiovisuales y escritos, ya sea como accionistas o propietarios principales, sobre todo durante la mitad de los 12 años de gobierno del doctor Joaquín Balaguer.
Es a partir de esa década de los años 70, cuando comienza la concentración masiva de los medios de comunicación audiovisuales y se comienza a permear la prensa escrita, a pesar de las resoluciones que los órganos oficiales habían adoptado contra el monopolio en los medios de comunicaciones del país.
Desde entonces, los gobiernos comienzan a favorecer a sus políticos, empresarios amigos y allegados, con el otorgamiento de permisos para operar frecuencias de canales de televisión y emisoras de radio y por lo tanto se produce en el país un desconocimiento absoluto del reglamento 824 de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, CNE, y de las resoluciones que se emiten a través de la Dirección General de Telecomunicaciones, DGT, que estaba amparada bajo la ley 118 que condenaban la concentración de medios de comunicación en una sola mano.
Para disimular la violación de esas reglas que se han convertido en un sentir universal entre todas las naciones del mundo, por cuanto el monopolio de las comunicaciones hasta ha sido sancionado en varios países por los daños que causan a la humanidad por las desigualdades que crea entre los individuos de una misma sociedad, nuestros políticos y empresarios se han valido de varias acciones para ingeniárselas y conseguir más de una frecuencia de emisoras de radio o de estaciones de televisión para operarlas con fines comerciales.
Esas genialidades se pusieron de manifesto, con mayor profusión por parte de los sectores interesados, con el otorgamiento de los canales de UHF y las frecuencias de radio en la banda de FM, en el momento en que ambas se pusieron de moda en el mercado dominicano y las autoridades de la DGT decidieran asignarlas para fines de operación, primando un criterio más político y comercial que profesional, contrario a lo que fueron las telecomunicaciones en sus inicios en la República Dominicana.
Por esa situación es que durante la gestión de los últimos 10 años del fenecido Joaquín Balaguer, el entonces Director General de la DGT, Leopoldo Núñez Santos se vio obligado a repartir entre políticos, allegados y empresarios las 30 frecuencias de canales de UHF que el gobierno distribuyó en todo el territorio nacional.
Claro está que la mayoría de esos canales de televisión de alta frecuencia, fueron asignados a empresarios de los medios de comunicación, a políticos y allegados que utilizaron nombres de familiares, relacionados y crearon nuevas empresas con otros socios para poder acceder al beneficio de adquirir esas frecuencias con la admisión complaciente de las autoridades del órgano regulador.
Es por esa razón, que en los archivos de la DGT o en este caso, del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, INDOTEL, reposan las asignaciones de los canales de televisión de UHF, a nombre de personas, empresas y localidades, y en la actualidad están siendo operadas por representantes diferentes y también funcionan desde comunidades diferentes, de acuerdo a como lo demuestra un análisis hecho por la especialista en informática Laura Ureña y revisado por el ingeniero Andrés Ferreira, ex subdirector Técnico de la DTG, durante la gestión del director Rubén Montás al frente de esa institución.
Nota: Continuaremos con más, en la próxima entrega.
