La crítica del gobierno dominicano al informe de los Estados Unidos sobre la “complicidad de funcionarios en el tráfico y trata de personas” tiene diversas lecturas, una de las cuales remite el pensamiento a lo que afirmó la escritora y poetisa dominicana Luisa Vicioso Sánchez (Chiqui), embajadora delegada permanente de la República Dominicana ante la UNESCO, acerca de que en realidad lo que se requería, ante la insuficiencia de enjuiciamientos, es “ayuda y no reprimendas”.
Demasiado escabroso y difícil resulta el denominado tema de la esclavitud del Siglo XXI, cuya solución mayor sería- tal y como sugiere Vicioso Sánchez-, que Estados Unidos ayudara “a buscar los fondos para crear refugios y hogares de paso… a lo largo de toda la frontera”; esto, en el caso de los pequeños haitianos, lo que podría aplicarse a los criollos también, en otras partes del territorio nacional.
El canciller Carlos Morales Troncoso descalifica la declaración norteamericana y denomina inapropiado que Estados Unidos se “autodesigne como una especie de árbitro en un problema que afecta a todos los países”.
La trata de personas en general y, particularmente, la de niñas y niños afecta a las naciones más y menos desarrolladas. Muchos ejemplos hay en la memoria jurídica de estadounidenses, como el del pasado año, cuando fueron detenidas algunas personas que intentaban sacar ilegalmente de Haití hacia República Dominicana a 33 menores haitianos, ejemplo expuesto por Morales Troncoso.
Pero, más allá del debate y de quién tiene o no la razón, habría que preguntarse para qué desgastarse en acusaciones, cuando lo importante es, precisamente, lograr esa cooperación internacional que logre combatir el problema.
¿O se trata esto como al tema del narcotráfico: muchas cumbres, planes e iniciativas, pero siguen cortándose muchas ramas, mientras el tronco continúa fortalecido?