Luego de intensos reclamos por parte de los medios de comunicación, sociedad civil, políticas, religiosas y otros sectores de la población dominicana, las autoridades gubernamentales decidieron ¡por fin! enfrentar el aumento del 10 al 30% que hicieron los colegios privados en sus tarifas.
La primera entidad oficial en reaccionar sobre la medida, considerada abusiva, fue el Programa para la Defensa del Consumidor (Pro consumidor), que dirige la abogada y periodista Altagracia Paulino, quien este miércoles advirtió que podría cerrar los centros educativos privados que cobren las tarifas por adelantado a los padres de sus alumnos y persistan en otras medidas en detrimento de sus clientes.
De su lado, la Federación de Padres de Niños en Colegios Privados y Escuelas Públicas pidió a sus miembros no dejarse chantajear por los dueños de colegios privados.
El pasado 27 de este mes, la Federación de Colegios Privados anunció que aumentó para este nuevo año escolar la tarifa entre un 10 y un 30%, dependiendo de cada centro y advirtió que subirán las mensualidades conforme al comportamiento del mercado nacional y la tasa del dólar.
Lo que podría interpretarse como una burla e irrespeto a las autoridades, se produce apenas días después de que la ministra de Educación, Josefina Pimentel, advirtiera que los centros privados no podían subir más del 10 por ciento.
Además del aumento del 10 al 30% en sus tarifas, los colegios privados amenazaron con retener la entrega de calificaciones u otra documentación y reportar a Data-Crédito a los padres que no estén al día con el pago por la educación que se les presta a sus hijos.
Consejo de reunirá
La ministra de Educación, Josefina Pimentel, convocó para el 6 de este mes al Consejo Nacional de Educación a una sesión extraordinaria, a fin de analizar el aumento de tarifas de los colegios privados y evaluación de los mecanismos que posee el Ministerio a fin de buscar adecuaciones a la Ley 86-00.
Pimentel insistió en que es un derecho de los niños y padres recibir las calificaciones y que están prestos para buscar una salida armoniosa, porque bajo ningún concepto los centros tienen derecho a no entregarlas.
Dijo ser partidaria de que la ley de educación sea revisada, porque en los años que lleva necesita ser categorizada y sobre todo adecuarla para que resulte del consenso de todos, incluyendo los centros educativos privados.
