El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional se vio este viernes obligado, una vez más, a suspender la audiencia del juicio preliminar que le sigue a cuatro ex funcionarios del Banco Central, acusados de retirar supuestamente, de forma irregular pagarés por unos RD$10 mil millones, que servían de garantía por la asistencia financiera ofrecida al Banco Nacional de Crédito (Bancrédito), durante la crisis bancaria del 2003.
La jueza interina Evelin Torres cesó el juicio hasta tanto la Corte de Apelación del Distrito Nacional se pronuncie sobre la recusación que le hizo la defensa de José Luís Malkún, Félix Calvo Peralta, Apolinar Veloz y Manuel Rubio Cristóferi, por alegada parcialidad con el Ministerio Público y sin respetar los derechos fundamentales de los encartados.
Debido a que la Corte de Apelación aún no se ha pronunciado sobre la reacusación a la jueza Torres, el tribunal a solicitud de las partes envueltas en el proceso decidió suspender la audiencia hasta el miércoles 27 de julio, para dar tiempo a que el tribunal de alzada falle sobre la recusación.
La objeción a la magistrada Torres fue hecha el pasado 30 de mayo, luego que rechazó un recurso de oposición interpuesto por la defensa de Malkún, Rubio Chistoferi y Apolinar Veloz, en contra de una decisión que refutaba la extinción de la acción penal y el archivo del expediente, por haber prescrito los tipos penales propios de la prevaricación y la asociación de malhechores.
La defensa de los tres imputados había solicitado la nulidad del proceso y su archivo, alegando que han desaparecido algunos tipos penales que tipifican el abuso de confianza y la asociación de malhechores.
En esa audiencia, la jueza también rechazó una solicitud de sobreseimiento que pedía la suspensión del proceso, hasta tanto la Suprema Corte de Justicia se pronuncie sobre un recurso de casación interpuesto por la defensa de Calvo Peralta, en contra de una resolución evacuada por el tribunal que objetó la prescripción de la acción penal.
La defensa de Calvo Peralta aduce que ha transcurrido el plazo que otorga la nueva norma procesal a todo proceso, que es de tres años.
Inicialmente el juez titular del Primer Juzgado de la Instrucción, Ramón Berroa Hiciano, había declarado la extinción penal por prescripción de los ilícitos de prevaricación, desfalco, abuso de confianza y uso de documentos falsos a los imputados Malkún, Calvo y Veloz.
