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Integración contra la violencia

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Guatemala fue sede de la Cumbre de Seguridad en Centroamérica, una conferencia destinada a obtener soluciones para brindar apoyo a estas naciones mediante una estrategia regional, con programas de previsión social  que puedan hacer retroceder  la violencia.
 
Y mientras se intentaba unir fuerzas contra este monstruoso flagelo que cada día cobra más vidas en la región, los medios daban cuenta de la sospecha de la justicia de Guatemala sobre la implicación en el tráfico de drogas del director de la Policía Nacional Civil, Baltasar Gómez, y la jefa de la División de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía, Nelly Barillas, reflejo de cuánto ha avanzado el crimen organizado en este país centroamericano, similar situación a la de México y Colombia. Encima,  el alto funcionarios antinarcótico de Bolivia René Sanabria,    detenido en EE.UU. confesaba sus vínculos con el tráfico ilícito de drogas.
 
En la cita  de Guatemala, algunos representantes  defendieron el criterio de no solamente recaudar fondos, sino de considerar  planes de acción, lucha y  estrategias, aunque el aporte financiero es vital.
 
En verdad, aunque Centroamérica haya convocado a discutir con integridad la situación, esto sólo significa un primer paso, pues lo logístico y operativo cuesta y  habrá que financiar con seriedad tales propósitos. Por sólo señalar algunos datos, el costo de la violencia en la Centroamérica es el 8 por ciento del PIB y la pregunta es: ¿Qué se ha hecho mal que a pesar de los programas nacionales y de las Naciones Unidas en esta materia.
 
Ahora se habla- otra vez- de estrategias, plan de acción y un proyecto regional. Pero, lo cierto es que cada quien sangra por su herida: unos gritan contra el lavado de activos y la inequidad; otros, como México, aseguran que si los Estados Unidos no controlan el narcotráfico, no habrá soluciones.
 
En República Dominicana, todo lo anterior se aplica  y, lo peor es que la violencia del crimen organizado y la convivencia social coexisten  y aunque las disposiciones del gobierno prevén su control, este se les ha ido de las manos.
 
Algunos hablan de “despenalizar”,  pero ya sabemos que el problema de la droga no es sólo legal, sino también de salud pública: reducir consumo y oferta son acciones inmediatas y precisas: ¿quién da primero?

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