El proyecto de ley que declara el 9 de febrero como “Día de la Solidaridad Estudiantil”, aprobado por el Senado de la República, y enviado a la Cámara de Diputados, no se conoció en la presente legislatura por el receso del Congreso Nacional.
Ese día de 1966, estudiantes de las enseñanzas primaria, secundaria y universitaria, fueron salvajemente ametrallados cuando demandaban la entrega del Presupuesto a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la desocupación de los planteles por las tropas de intervención, el reconocimiento de la autoridades universitarias y el respeto a la soberanía nacional.
Justamente donde cayeron los estudiantes, el presidente del Senado Reinaldo Pared Pérez, tras proclamar que “la fecha del 9 de febrero del 1966 constituye uno de los hechos más importante del país”, se comprometió a someter la pieza, y anunció que “esperará el inicio de la legislatura, a partir del 27 de este mes, para someter el proyecto ante la consideración de sus compañeros”.
Esto fue cumplido por Pared Pérez y los senadores aprobaron el proyecto de ley, que enviaron de inmediato a la Cámara de Diputados, donde nunca fue colocado en agenda, y por lo tanto quedó sin sancionar. Todo parece indicar que a estos honorables diputados les interesa muy poco destacar el acontecimiento histórico, algunos por desconocimiento y otros porque la pieza no tiene trascendencia económica, sino una razón histórica que no genera ingresos.
Confiamos en que nuevamente el presidente del Senado Pared Pérez defienda este proyecto de ley, y que el Comité Permanente 9 de Febrero del 1966 asuma un papel militante, de vanguardia, para que sea una realidad “El Día de la Solidaridad Estudiantil” como un reconocimiento a la acción de los caídos, para que este tipo de acto salvaje, criminal, cobarde, no se repita.
Este sería el mejor homenaje a Antonio Santos Méndez, Miguel Tolentino y Luís Jiménez, quienes murieron esa mañana frente al Palacio Nacional; al mes siguiente falleció la estudiantes de 14 años Altagracia Amelia Ricart Calveti, en el hospital de San Antonio Texas. También resultaron heridos Freddy Antonio Cruz, José Ramón Casimiro, Griselda Zorrilla, Miguel Núñez, Juan Castro, José María Cruz, Víctor Ramírez, Jaime Tomás Estrella, Cipriàn de Jesús Báez, Modesto Guzmán Castro, José Javier Solís, Vinicio García, José Zabala, Willian Pérez, Ernesto Caamaño, Roberto Ramírez y Evita Germàn, entre otros.
Me permito sugerir al poeta, literato e historiador Tony Raful, al cineasta, escritor y comunicador Jimmy Sierra, al primer diputado del Parlacen y el segundo parte de la comisión estudiantil en representación de la UASD, Juan Vargas y Otto Pichirilo, que estaban en el Palacio Nacional, a la espera de ser recibidos por el presidente provisional Héctor García Godoy, cuando se produjo la masacre, que encabecen junto al Comité Permanente 9 de Febrero del 1966, una jornada cívica activa, para sacar del letargo y el desinterés a los diputados, y lograr que se apruebe el proyecto de ley.
Para iniciar esta jornada, de inmediato se debe conversar con los diputados, sus voceros, los partidos, las organizaciones estudiantiles, y las organizaciones sociales.
Si los diputados no reaccionan, si mantienen pasividad frente al reclamo, que se proceda a convocar a los votantes de las circunscripciones, para que repudien esa postura insensible, la cual busca sepultar en el olvido la fecha del 9 de Febrero del 1966.
Esta actitud no se puede aceptar por respeto a los muertos, a los heridos, por consideración a la compañera Brunilda Amaral y Antonio Pèrez (Tony), víctimas que permanecen en sillas de ruedas como un testimonio del salvajismo.
Nada justifica la postura de los diputados, que no mostraron interés por conocer el proyecto aprobado por el Senado.
Desde esta tribuna estaré vigilante, porque como acuñara el teórico Jimy Sierra: “Yo estaba ahí y aquí estoy listo para el combate.
