Washington.- La secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, responsabilizó hoy al régimen sirio de la muerte de más de 2.000 ciudadanos del país desde marzo, cuando comenzó la represión de las protestas contra el Gobierno de Bachar al Asad.
«Creemos que hasta hoy el Gobierno es responsable de las muertes de más de 2.000 personas de todas las edades», dijo Clinton en una conferencia de prensa tras su encuentro bilateral con el ministro de Exteriores canadiense, John Baird.
La cifra duplica las estimaciones ofrecidas hasta ahora por las principales organizaciones opositoras sirias, que situaban el número de víctimas mortales en las protestas en alrededor de 1.000 personas.
«Como nuestro Gobierno ha repetido ya en varias ocasiones, el presidente Asad ha perdido su legitimidad para gobernar al pueblo sirio», reiteró la secretaria de Estado, que reafirmó su apoyo a las aspiraciones del pueblo sirio «de lograr una transición a la democracia».
Tanto Clinton como el presidente Barack Obama han repudiado la nueva ola de represión que se registró este fin de semana en varios puntos de Siria y en especial en la ciudad de Hama, donde la violencia continuó el miércoles con bombardeos que dejaron al menos treinta muertos.
El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, advirtió hoy que la campaña de represión del Gobierno sirio contra sus ciudadanos «sitúa a Siria y a la región en un camino muy peligroso».
Asad «se encuentra de salida y … todos debemos empezar a pensar en el futuro sin él, porque los 23 millones de ciudadanos sirios ya han empezado a planteárselo», aseguró el portavoz en su rueda de prensa diaria.
Aunque a diferencia de otros casos en Oriente Medio el Gobierno en Washington no ha exigido a Al Asad directamente que abandone el poder, EE.UU. ha apuntado que se plantea imponer nuevas medidas contra el régimen.
El Departamento del Tesoro anunció hoy sanciones contra el parlamentario y empresario sirio Muhammad Hamsho y su compañía, Hamsho International Group, al acusarlo de actuar como testaferro del Al Asad.
Bajo estas sanciones, los ciudadanos y entidades estadounidenses tienen prohibido hacer negocios con los individuos o entidades afectados, y los activos de éstos bajo jurisdicción estadounidense quedan congelados. EFE
