El tema no puede ser más espeluznante: se trata de la denuncia que ha provocado preocupaciones al Ministerio de Defensa acerca de supuestos abusos sexuales por parte de soldados uruguayos en Haití, de la MINUSTAH.
Según las investigaciones de la Armada, que arrojaron resultados «ciento por ciento negativo», la acusación era falsa y deducen que se trata de «aspectos políticos, económicos y militares que influyeron para que se intente desprestigiar al contingente uruguayo”.
Aun cuando el contingente realice «acciones de opinión pública» para aclarar las acusaciones, tal y como se anunció, lo cierto es que existen antecedentes que mantienen a la opinión pública enfrascada en considerar, por ejemplo, la pronunciación de la Comisión de Investigación para el Desarrollo y la Organización de Port Salut (CREDOP), quien revela la «mala conducta de los cascos azules» y un responsable de dicha organización, Ernso Valentin, aseguró que los soldados «están involucrados en la prostitución, basan sus relaciones sexuales con los niños desfavorecidos».
De más está decir que, encima de la situación trágica antes del terremoto, agudizada después de este y, encima, peor con los casos de cólera y decenas de enfermedades más, el pueblo haitiano no debía enfrentar, además, el abuso de quienes van a pacificar, tal y como interroga en un artículo Isabel Soto Mayedo acerca de esta misión de la ONU.
De violaciones, pedofilia y tráfico humano con destino al comercio sexual se ha hablado bastante en los últimos tiempos y lo peor es que, lamentablemente, quienes siguen siendo las principales víctimas e indudablemente, los más vulnerables: las niñas y los niños.