Por primera vez en más de 40 años, Petróleos Mexicanos (Pemex) otorgó contratos de exploración y extracción de crudo a empresas privadas.
La decisión ha causado polémica: para algunos autorizar la participación de capital privado en la explotación directa de pozos petroleros viola la Constitución mexicana, que reserva esa tarea sólo a Pemex.
El Gobierno de Felipe Calderón justifica la medida argumentando que la Suprema Corte de Justicia avaló la presencia de capital privado en la explotación de crudo, propuesta que fue aprobada por el Congreso hace tres años.
En esa ocasión los legisladores autorizaron que la paraestatal contratara empresas privadas para la prestación de servicios. Una resolución de la Suprema Corte de Justicia abrió la posibilidad a otras actividades financiadas con capital privado.
“Es un nuevo modelo de producción en Pemex”, afirma Mario Gabriel Budebo, subsecretario de Energía.
La oposición anunció que promoverá un juicio político contra quienes autorizaron la extracción de crudo a la iniciativa privada.
Bajo este nuevo modelo, las empresas privadas que obtengan la concesión estarán autorizadas a explorar, perforar pozos y extraer petróleo o gas.
Esta era una tarea que hasta ahora sólo la realizaba Pemex con base en la Constitución mexicana, que establece la propiedad de los hidrocarburos para la nación.
Una de las empresas beneficiadas por el nuevo marco legal es la británica Petrofac, a la que se le adjudicaron contratos para las zonas de Santuario y Magallanes.
Javier Jiménez Espriú, ex subdirector comercial de Pemex y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dice que en el fondo se pretende disfrazar la apertura de la paraestatal al capital privado.
