Conocerán medidas coerción acusados falsificar documentos

A la seis de la tarde de hoy, el juez Alejandro Vargas, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, conocerá  medidas de coerción a las cinco personas acusadas de formar parte de una red que se dedicaban a falsificar actas del Estado Civil, cuatro de los cuales son empleados de la Junta del Distrito Nacional.

Como cabecilla de la red es señalado Felipe Omar Achécar Concepción, ex empleado de la Junta Central Electoral. El grupo de los acusados lo completan Nilsia Francisco, Eleodoro Smith, Wanda Suero y Roberto Carrasco, empleados de la Junta del Distrito.
El Ministerio Público pidió prisión preventiva, como medida de coerción para los imputados, quienes se encuentran detenidos en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Este lunes, la  Fiscalía del  Distrito Nacional informó que  desmanteló una red nacional de falsificadores de actas del Estado Civil, encabezada por un ex empleado de la Junta Central Electoral, en combinación con otros cuatro  trabajadores de ese organismo,  que operaba en la Junta del Distrito Nacional.

El cabecilla de la red fue identificado como Felipe Omar Achécar Concepción, quien será sometido a la justicia para dictarle medidas de coerción junto a los demás implicados.

Achécar fue detenido durante un allanamiento en su vivienda, mientras que  los cuatros empleados de la JCE resultaron arrestados en la mañana de este lunes en sus lugares de trabajo.

Los implicados se dedicaban  a suplantar actas y emitir cédulas falsas, para lo cual cargaban a sus hogares con los registros civiles, que  regresaban alterados al día siguiente.

El anuncio fue hecho por el fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra,  en su despacho del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en presencia del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario.

De acuerdo a los informes, Achécar contactaba a los empleados de la JCE directamente, para que le cambiaran las fechas a las actas de nacimiento (sobretodo reducían edades) por lo cual pagaba altas sumas de dinero.

Los supuestos falsificadores se valían, además, de nombres de personas muertas y de libros ya descontinuados de los cuales quedaban folios en blanco, que llenaban con datos que les interesaban. Las autoridades no descartan que los trabajos de esta  red  estuvieran dirigidos por estructuras del crimen organizado, con posibilidades de que operen en otras provincias.

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