La Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH), y la Federación de Asociaciones Industriales (FAI) definieron como dramática la inseguridad pública que sufre el país, con hechos delincuenciales y derramamiento de sangre en cualquier lugar y hora.
Los presidentes de las entidades empresariales, Wadi Cano Acra e Ignacio Méndez, señalaron que, además de la zozobra que el fenómeno crea en la sociedad, la inseguridad pública mantiene en vilo al sector privado, hace que sus costos se eleven y perturba la actividad productiva.
“Los empresarios están sometidos a tensiones tremendas y los costos para su seguridad personal y la de su familia están cada vez más elevados”, indicaron la AEIH y la FAI en una declaración conjunta, en la que llaman al Gobierno y a la sociedad civil a tomar definitivamente al toro por los cuernos para conjurar el mal.
Los dirigentes empresariales dijeron que tienen testimonios patéticos de productores agropecuarios que indican que resulta más costoso evitar el robo de un racimo de plátanos que producir ese bien primario, debido al azote de la delincuencia y a los gastos en seguridad propia.
“En el año 1994 el entonces candidato a la vicepresidencia, Leonel Fernández, declaraba a la periodista Norys Sánchez que uno de sus mayores temores era que el país se convirtiera en inhabitable; estas palabras tienen hoy en día sentido de profecía, debido a la bola de nieve en que se ha convertido la delincuencia”, proclamaron los empresarios.
Advirtieron que la inseguridad pública puede convertirse en un obstáculo serio para la atracción de inversión y, en consecuencia, para la reducción de los niveles de desempleo prevalecientes en el país.
Sugirieron atacar el problema de la desigualdad y la inequidad en la distribución de la riqueza nacional. “Siempre será mayor la manifestación de delincuencia mientras más ciudadanos excluidos tengamos”, manifestaron.
Instaron al Ministerio Público a jugar su papel; exigieron una profunda reforma policial –que pase por una mejoría sustancial de las condiciones de vida de los agentes- y una coordinación con el Poder Judicial que reduzca la impunidad.
