Las investigaciones que realiza el Senado de la República sobre las irregularidades en el manejo de la concesión de una parte de los aeródromos del país por parte de la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM), obligan a la realización inmediata de una auditoría financiera con una firma reputada, fuera del alcance de los involucrados, reveló el senador Adriano Sánchez Roa.
El legislador por Elías Piña afirmó que esa auditoría precisará los daños económicos producidos en perjuicio del Estado y el pueblo dominicano, ya que por el cobro irregular de la tasa de entrada y salida de pasajeros, Aerodom debe devolver US$75.1 millones, mientras que por el incumplimiento de la inversión acordada están compelidos a retornar US$233.2 millones, por lo que la suma de ambos valores, a favor del Estado, llega a US$308.3 millones.
“Por la transparencia y defensa del patrimonio público, hay que cuantificar de manera exacta las bajas inversiones realizadas frente a los ingresos totales recibidos por AERODOM, pues son recursos del Estado que muy bien han podido servir para aliviar la grave crisis financiera internacional que afecta al país, en momentos en que el Gobierno hace efectivos esfuerzos para mantener a flote nuestra economía”, enfatizó.
Sánchez Roa manifestó que para llevar a cabo esa maniobra, la empresa ha manejado el falso argumento de haberse roto el “equilibrio económico”, partiendo de una supuesta reducción del tráfico proyectado de pasajeros: “cuando la realidad ha sido que los ingresos totales percibidos superaron lo estimado y que es ahí donde se tiene que medir el equilibrio económico, porque en definitiva las ganancias son las que cuentan y en ese sentido AERODOM se ha servido con la cuchara grande”.
Precisó que otro argumento utilizado por la empresa concesionaria fue la devaluación del peso, señalando que el dólar llegó a cotizarse por encima del 50 por 1; pero, resulta que como esas tasas son cobradas en monedas norteamericana, lo que éste incremento produjo fueron sustanciales ganancias extras en beneficio de AERODOM, es decir: todo lo contrario al alegato esgrimido para intentar justificar este despojo al Estado Dominicano.
El senador explicó que la Constitución de la época y la actual en el Artículo 93, numeral 1, literal k, establece que es responsabilidad del Congreso Nacional aprobar o desaprobar los contratos que, según el artículo 128, numeral 2, literal d, sobrepasen los doscientos salarios mínimos, así como las enmiendas o modificaciones posteriores que alteren las condiciones originalmente establecidas en dichos contratos al momento de su sanción legislativa.
Basado en estas disposiciones de la Carta Magna, Sánchez Roa afirmó que: “por esta razón AERODOM no debe comprometer los aeropuertos más allá de los 25 años, legalmente otorgados por el Estado, ya que el lustro adicional fue aprobado como manda la Constitución, por lo que esto no admite discusión alguna”.
Concluyó explicando que: “hay méritos más que suficientes para rescindir esta concesión, debido a que AERODOM ha lesionado los intereses económicos del Estado, cobrando para su beneficio único cuantiosos recursos públicos, sin incluir el hecho de que una tasa de US$4.75 en el 2001, ha sido incrementada a US$16.30 en la actualidad”.
