La prensa nacional destacó este jueves, en múltiples espacios, el Día Nacional de los Derechos de la Niñez, acordado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989 y aprobada en República Dominicana en 1991, aunque fue en 1994, que el país promulgó la Ley 14-94, que crea el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley 24-97, sobre Violencia Intrafamiliar.
No hay duda de que a pesar de las legislaciones vigentes y las medidas educativas y movilizativas que se han asumido, las cosas no andan bien con las más jóvenes generaciones dominicanas. Este Día Internacional de la Niñez, el coordinador de la Pastoral Juvenil, Padre Luís Rosario, lamentó el ambiente de precariedades en que se encuentran muchos menores en República Dominicana, los cuales- aseguró- “no tienen resueltas siquiera las necesidades básicas que necesita un ser humano para sobrevivir”.
Entre los muchos temas que preocupan en la población está el de la explotación sexual comercial de personas menores de edad. Recientemente, más de 8 mil personas fueron entrevistadas en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y República Dominicana, acerca del conocimiento que se tiene sobre este delito y los maltratos a los cuales son sometidos. Las conclusiones respecto a la nación dominicana, específicamente, fueron que la realidad actual marca un problema crítico y que quienes dirigen los destinos del país no están ajenos a esto para nada.
El problema es que la situación sigue siendo la misma al paso del tiempo y esa realidad, catalogada con razón como delito criminal, continúa.
Vivimos las consecuencias de una insuficiencia en la toma de conciencia y el fortalecimiento de las leyes, unidas estas a las ejecuciones de políticas estatales que actúen en la protección de la niñez y los jóvenes, para lograr que se creen herramientas capaces de erradicar la delincuencia en esta vulnerable capa de la sociedad.
Más allá de la pobreza de las familias, la falta de educación de los menores y el mal empleo de su tiempo libre, los exiguos programas del Gobierno destinados a rescatar a menores y adolescentes, traen como consecuencia hechos delictivos de los cuales se duelen todas y todos.
Las cárceles albergan menores sometidos por atrocidades cometidas. Pero, para nadie es un secreto que los verdaderos culpables y responsables son quienes tienen que dirigir los destinos de niñas, niños y adolescentes.
Unido a esto, la fuerza de la ley debe recaer con mayor potencia sobre quienes son capaces de explotador a indefensas criaturas, amén de la necesidad de educar y concientizar a la población para evitar que sigan ocurriendo tales actuaciones. El silencio y la mirada ausente no acabarán con todos estos ignominiosos males.
