“A buena hora y con este recado”, dice el viejo refrán. A menos de ocho meses de iniciarse las elecciones de 2012, la crisis en la Junta Central Electoral (JCE), trasciende a la sociedad dominicana ante la renuncia “forzada” del administrador general de Informática, Miguel Ángel García, según se plantea: “como consecuencia de un plan perverso orquestado por el presidente del organismo, Roberto Rosario, con la finalidad de crear un sistema de cómputos paralelo al existente”.
Por su parte, el presidente de la JCE, Roberto Rosario, ha dicho que hablará en su momento de esta situación, criticada por políticos y por muchos sectores del país.
¿Acaso lo ideal no sería desenredar el nudo antes de que criterios inválidos alcancen mayores escenarios en el debate público?
La sociedad dominicana necesita y requiere mucha confianza en todo cuanto tiene que ver con situaciones de este tipo, llámese organización del proceso de transmisión, procesamiento y cómputo electoral, que en definitiva refleja la efectividad de unas elecciones transparentes y sin mayores contratiempos.
Si bien el juez titular de la Junta, Eddy Olivares, habló de su temor a que “en el tribunal comicial triunfe un plan perverso como el que concluyó con la renuncia del funcionario de Informática, para colocar en su lugar al director de Informática Franklin Frías”; más allá de la legitimidad para ocupar el cargo, o no, si se quiere defender el “apego a la ética” que debe primar en este organismo, sería bueno aclarar lo antes posible la situación, de manera que esté expuesta con toda luz, no sólo la credibilidad del departamento de informática, si no consecuentemente, de la propia JCE ante las inminentes elecciones presidenciales en el país.
