Los jueces del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazaron este miércoles ampliar la acusación en el proceso que le sigue al presidente y el secretario de la compañía Centro Comercial Santo Domingo, quienes están acusados de querer despojar a un socio del 20% de las acciones que posee en la entidad. El juicio seguirá el lunes 17.
El abogado del querellante, Manuel Sierra Pérez, solicitó al tribunal una ampliación de la acusación, en vista de que en el curso del proceso se reveló que el presidente de la compañía, señor Rafael Peña Valentín, bajo el contubernio del secretario, Apolinar Montás, no solamente falsearon, sino que cometieron un abuso de confianza con los derechos del agraviado Víctor Manuel Peña Valentín y los recursos que le corresponden.
Tanto Sierra, como el representante del Ministerio Público pidieron a los jueces la ampliación para debatir esas evidencias; pero, el juzgado la negó bajo el alegato de que no lo hicieron en el momento procesal oportuno.
Sobre ese particular, Sierra Pérez aclaró que le hizo la sugerencia al tribunal y que le indicaron que la hiciera en otro momento, pero al emitir el dictamen negaron la existencia de esa petición.
El juicio envuelve a los hermanos Víctor Manuel y Rafal Peña Valentín, quienes decidieron dilucidar en los tribunales una alegada usurpación, por parte del segundo, del 20% de las acciones que tiene el primero en el Centro Comercial Santo Domingo, entidad propietaria de la Plaza Merengue, ubicada en la avenida 27 de Febrero, esquina Tiradentes.
Víctor Manuel Peña Valentín acusa a su hermano Rafael Peña Valentín (Presidente del Centro Comercial Santo Domingo), y su secretario Apolinar Montás Guerrero, de falsificar documentos para excluirlo como accionista de la empresa.
El agraviado explicó que los dos acusados se asociaron para despojarlo de sus acciones en dicha empresa, de la que es socio desde el momento en que fue constituida en 1970: “y ellos han pretendido despojarme de ellas mediante fechorías y documentos falsos”.
Además de Sierra Pérez, el querellante está representado por Addy Tapia y Juan Tomás Vargas Decamps.
Dijo que el señor Montás Guerrero, secretario de la entidad, ha emitido certificaciones que lo excluyen como accionista de la empresa y otra en la que establece que él no es socio desde el año 1988 al 2000, algo que es negado por el demandante. Sostuvo que posee 1,220 acciones que tienen un valor de US$5.0 millones.
Sobre el caso, la Suprema Corte de Justicia y la Corte de Apelación del Distrito Nacional, reconocieron en una demanda anterior la calidad de accionista del querellante.
