Las pequeñas y medianas empresas del país podrían descalabrarse o migrar hacia la informalidad, con graves secuelas en el empleo, en caso de que se aplique sin consenso un reglamento sobre seguridad y salud en el trabajo, que acarrea grandes costos y duplicación de gastos a los empleadores.
La advertencia fue hecha por la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) al hacer un llamado al nuevo ministro de Trabajo, doctor Francisco Domínguez Brito, para retomar el diálogo que, sobre el particular, inició la entidad empresarial a principios de año con el entonces incumbente, doctor Max Puig.
La AEIH –que preside el empresario Wadi Cano Acra- manifestó que el Reglamento 522-06 fue objeto de una prueba piloto entre empresas miembros de la entidad con el resultado de que apenas pueden cumplir el 40% de la normativa.
Esto se debe a los cuantiosos recursos requeridos para llevar a cabo los cambios operativos y de infraestructura que trae consigo el reglamento.
Concretamente, la entidad empresarial se refirió a la cobertura de exámenes médicos pre-empleo, contratación de médicos ocupacionales, establecimiento consultorios médicos y otros controles que –desde su punto de vista- ponen a la mediana y pequeña industria contra la espada y la pared.
Sostuvo que el reglamento contiene estas exigencias pese a que ya las empresas tienen una carga fija en el sistema de seguridad social, especialmente en lo que respecta al aporte del 1% del salario del empleado –que ya se expresa en RD$9,000 millones ociosos en el Fondo Nacional de Atenciones Médicas por Accidentes de Trabajo.
Afirmó que la inaplicabilidad del reglamento queda evidenciada en los resultados de una encuesta aplicada a una muestra de 35 empresas, que arrojó el resultado de que apenas pueden cumplir con el 45% de las disposiciones del reglamento.
La AEIH planteó que el bienestar del capital humano es básico para mejorar la productividad, pero consideró que es imposible lograr esa meta restando competitividad a las empresas, porque a la postre se perjudican los propios trabajadores y se sacrifican puestos de trabajo.
En ese contexto, sugirió llegar a un punto de equilibrio entre las condiciones de seguridad de los trabajadores y las exigencias posibles de implementar, adaptando el reglamento la realidad de las industrias en base a su tamaño y a las características del sector productivo al que pertenezcan
