Hace algún tiempo, cuando se conmemoraba un aniversario más de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por 193 países, entre ellos la República Dominicana (en marzo de 1991, y modificada a partir de entonces), se constató, una vez más, la decisión del Estado dominicano de cumplir sus compromisos internacionales sobre los derechos humanos reconocidos a niños, niñas y adolescentes.
En tal sentido, la Convención se pronuncia por un conjunto de derechos universales para la infancia, que incluyen “una identidad, un nombre y una nacionalidad, el derecho a la educación, y los derechos a disfrutar del mayor nivel posible de salud y a recibir protección contra el abuso y la explotación”.
La existencia de una niñez desprotegida sigue siendo una vergüenza y una violar de los derechos fundamentales que atañen a la supervivencia y el desarrollo de niñas y niños. Y si bien en estas últimas décadas, se reconocen algunos logros en el país, UNICEF insiste en que: “El reto no es sólo aumentar el nivel del gasto social, sino de mejorar sustancialmente su calidad y efectividad.”
En realidad, “los derechos de los niños todavía se encuentran lejos de estar garantizados”, y tal y como sentencia UNICEF, se atenta de esta manera contra esa capa vulnerable de la población, cuya pobreza, más que cruel resulta indignante.
