“Para morir en la orilla”, dice el refrán. Resulta que en el país se han sucedido huelgas, protestas, movimientos, vigilias dirigidas a convencer al gobierno de que se decida de una vez a aplicar la ley que otorga un 4% del PIB a la Educación. Sin embargo, todos esos sectores de lucha han tenido como respuesta de las autoridades gubernamentales el simple argumento de que lo más importante no es cuántos recursos se invierten en la enseñanza, sino la calidad de ésta.
Sin duda, argumento banal que intenta justificar lo injustificable, ya que los recursos son indispensables en la compra de materiales logísticos para los estudiantes; en la reedificación de las aulas; para conseguir mejores sueldos a los educadores y emprender cursos de superación y capacitación de los maestros. No es verdad que pueda realizarse una instrucción con calidad si no se sustenta en lo económico.
Esa inercia del gobierno central ha contado con la anuencia de la mayoría de los legisladores, cosa insólita, ya que ha quedado demostrado que la prisa con la cual se “sancochó” en el Senado el Presupuesto Nacional, sin permitir que haya otras opiniones, sobre todo las tendentes a la realidad de esta situación en el país, agrava el problema. Y ahora, esta aprobación en primera lectura por parte de los diputados añade nuevas negatividades, a lo que debe representar para dominicanas y dominicanos parte esencial de su Carta Magna, donde se enarbola la libertad individual, que no puede materializarse sin cultura.
