Este lunes, la República Dominicana comparece ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, según la audiencia fijada para conocer la acusación de la activista Sonia Pierre y varias organizaciones civiles sobre “la supuesta desnaturalización de 417 hijos de inmigrantes haitianos indocumentados”.
La defensa del país estará a cargo de los embajadores adscritos por ante la OEA, Roberto Saladín, Aníbal De Castro, y el director de Migración, José Ricardo Taveras. Aunque se nota la ausencia de un representante de la Junta Central Electoral. De todos modos, para nadie es un secreto la realidad existente entre ambos territorios, cercanos en geografía y lejanos en cultura y otras identidades. Y si algo debía sobresalir en los debates es, precisamente, la entrada irregular de ilegales a territorio dominicano, cuyo control resulta más que imprescindible.
Si como se ha planteado en tantas ocasiones, más del 85% de los obreros de la construcción son haitianos y se ha demostrado, además, que el 90% de los trabajadores de dicho sector no están integrados a la Seguridad Social, entonces habrá que comenzar por juzgar a los empresarios que emplean mano de obra barata para multiplicar sus edificaciones y, por supuesto, sus ganancias.
Cuando se habla de la “carga” que representa para el Estado dominicano la cantidad de haitianas que vienen a parir aquí y el número de personas que son atendidas en los hospitales, sin que tengan el más mínimo seguro de salud, y ni siquiera estén legalmente reconocidos, entonces hay que pensar en los beneficios de empresarios sin escrúpulos y seguro cambiaría el peso en la balanza de las acusaciones, porque el asunto entre República Dominicana y Haití es mucho más complejo que lo que se plantea en esta comparecencia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
RD ante Comisión DH
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