La declaración de la procuradora de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, Marisol Tobar, acerca de que un 80% de los menores que incurren en actos delictivos, no han tenido la oportunidad de vivir con dignidad, debe alertar tanto a la población, como a las autoridades competentes, sobre todo a estas últimas.
Un gran porcentaje de la población infantil y juvenil de República Dominicana no tiene techo ni alimentación garantizada, ya que provienen de hogares disfuncionales, sumidos en la extrema pobreza y olvidados por la sociedad.
Esto, sumado a que un menor puede perder por desnutrición el 40% de sus neuronas potenciales, según estudio del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), mientras que 80 mil adolescentes fallecen en América Latina por violencia intrafamiliar, constituyen estadísticas escalofriantes.
Sin embargo, es necesario preguntar cómo se puede vivir con dignidad en una sociedad donde los menores piden para poder sobrevivir.
Tal como afirma la magistrada Tobal significa un retroceso desde todo punto de vista, que se haya incrementado entre 10 y 15 años la pena de prisión para los adolescentes que delinquen.
No menos ciertas son las palabras del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien no cree que aumentar las penas a quienes cometan alguna infracción, contribuya a bajar los niveles de criminalidad y delincuencia existente en el país.
El 2012 debía iniciarse con acciones dirigidas a ofrecer mayores oportunidades para que los infantes puedan conmemorar un día para su dignidad y sus derechos, donde se les reconozca y apoye como ente primordial para una mejor nación y futuro del país.
Cuántos días se necesitarán en la República Dominicana y en los países del mundo para que niños, niñas, y adolescentes sean tratados como Dios manda y evitarles caer en la más baja falta de dignidad a la que son sometidos.
