Las cárceles dominicanas, cuestionadas por los organismos nacionales e internacionales defensores de los Derechos Humanos por el alto nivel de hacinamiento, insalubridad y maceteo (soborno y extorsión), vuelven a ser el blanco de las críticas al conocerse el nuevo ingrediente de inseguridad con el que operan, tanto del viejo como del nuevo modelo.
Con la falta de una vigilancia efectiva en los recintos penitenciarios dominicanos se dejó ver “el refajo”, cuando los medios de comunicación se hicieron eco de que en un intervalo de apenas cinco días se fugaron de dos cárceles del país siete reclusos condenados por asesinato y tráfico de drogas.
El 6 de diciembre se escaparon tres del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR), de Higüey, correspondiente al Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria. Los privados de libertad guardaban prisión por violación de la Ley 50-88, sobre narcotráfico.
Los fugitivos, identificados como Ariel Hernández, condenado a siete años; Juan Carlos Florentino y Brayan Elpidio Cedano, ambos a siete, violaron la seguridad entre las 4:30 y 5:30 de la mañana. Habían ingresado a la nueva cárcel el 25 de agosto, cuando fueron trasladados del antiguo recinto penitenciario de Higüey, provincia La Altagracia.
El día 11, cuatro internos del Centro Penitenciario San Felipe de Puerto Plata se escaparon. Ellos son Wilfri Modetin, José Miguel Torres Francisco, Brayan Alejandro Gutiérrez y Carlos José Ventura (Colita). Se informó que también formó parte del intento Roberto Zabala Espinoza, implicado en el atentado criminal contra el jurista José Jordi Veras Rodríguez.
Los reclusos tienen condenas que oscilan entre cinco y 20 años, por homicidio, robo y narcotráfico. Los casos de fuga se han convertido en una práctica frecuente en los centros de prisión, donde se habla de complicidad entre los custodios con los reos.
El 9 de julio del 2010, escaparon ocho personas que guardaban prisión por diferentes delitos en la Cárcel Modelo de Najayo, San Cristóbal: William Cadena Castillo, Manolo Bautista Taveras, Moisés Osorio Rodríguez, Eliazar De León Soto, Jonatán Valenzuela Rosario, Carlos Julio Valdez, Alizar Cristian de los Santos y Guillermo Eugenio Rocío.
Debido a su peligrosidad, según informaron las autoridades del penal, todos estaban recluidos en la celda aislada, denominada 15 o de castigo. Estaban acusados de homicidios, robos y violaciones de la ley 5088, de drogas.
Según informaron las autoridades del recinto de Najayo, los internos que lograron evadirse fueron aislados porque en su mayoría participaron en la reyerta del mes de junio, donde mataron a tiros a su compañero de celda David Jerez del Orbe, e hirieron a otros tres.
Con la ida de los ocho, completaban 13 los desertores en menos de tres días.
Antes, cinco reclusos se fugaron de la celda donde guardaban prisión en el cuartel de la 40 Compañía de la Policía Nacional en Hato Mayor.
En esa ocasión se informó que los malhechores, que ya tenían medidas de coerción por robos, atracos y ventas de drogas, al parecer utilizaron una segueta para quitar dos barrotes, por donde lograron salir.
La Policía sólo identificó a Wilson Navarro (Emba), como uno de los prófugos, quien había cumplido condena de dos años por drogas y hacía una semana que había recobrado la libertad; pero, ya tenía varios días presos por penetrar en una residencia y tratar de robar joyas por más de 50 mil pesos.
Justificaciones
La evasión de los ocho internos de la cárcel de Najayo desató una controversia entre las autoridades de organismos que velan por la custodia de los recluidos.
Para entonces, la Dirección General de Prisiones aclaró que los procesados no estaban bajo la guardia del sistema penitenciario, sino del Ministerio Público y la Policía de San Cristóbal.
Tras el vergonzoso hecho, el director de Prisiones, Roberto Obando Prestol, informó que solicitó al Procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña, impartir instrucciones a los fiscales, para que sean más celosos en el traslado de los internos que ingresan al sistema.
Los reos eran trasportados junto a otros doce en el autobús de la Procuraduría, desde donde se fugaron “aprovechando” que la puerta trasera del vehículo “no tenía puesto el candado”, según la versión oficial.
Con la desaparición de otros dos, unos 22 reclusos habían burlado la seguridad de las cárceles del país desde el 2006 al 2011. El otrora director de Prisiones, Manuel de Jesús Pérez Sánchez, atribuyó los casos a la falta de personal de vigilancia y de recursos financieros.
«No podemos hacer más de lo que estamos haciendo para erradicar el viejo modelo penitenciario, pero con una inyección de 2 mil 300 millones de pesos y 2 mil vigilantes más daremos respuesta global y colectiva al problema», decía el oficial.
Pérez Sánchez llegó a afirmar que no le preocupaban las constantes fugas de prisioneros, tras señalar que de unos 20 mil 400 internos que habían en las cárceles: “pocos se fugaban porque el sistema penitenciario está operando con mucha precariedad y déficit de recursos humanos y económicos».
En junio pasado, para citar un ejemplo, quince encarcelados se dieron a la fuga.
En esa ocasión, Pérez Sánchez indicó que en toda evasión puede haber complicidad o negligencia, o ambas cosas al mismo tiempo.
El actual director general de Prisiones, Roberto Obando Prestol, manifestó gran preocupación por los niveles que alcanzan los presos preventivos, los cuales se colocan en un 65%, de los 21,000 que pueblan las prisiones dominicanas. Aseveró que personas que no han sido procesadas, ni condenadas las sitúan junto a otros sentenciados por narcotráfico y asesinatos.
«Eso, obviamente es gravísimo, porque estamos hablando de que hay una persona presa en un recinto con hacinamiento, que quizás está acusada de un crimen o un delito que no cometió», conluyó el director general de Prisiones.
Cárceles dominicanas: inseguras y desacreditadas
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