No sólo muestra inconformidad e indignación la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por la degradante manera en que han tratado los cuerpos de los fallecidos en el mar, como consecuencia del naufragio ocurrido días atrás, cerca de las costas de Sabana de la Mar, cuando los tripulantes de una yola se aventuraban a viajar hacia Puerto Rico.
Se trata de leyes humanas y protocolares que hay que seguir tras las tragedias, esas que, lamentablemente, tienen lugar y se multiplican en los mares nuestros debido a la cantidad de dominicanas y dominicanos que intentan buscar mejores condiciones de vida en otras tierras y que, como han repetido otros tantos, han perdido aquí al esperanza de un futuro mejor.
A la acusación a las autoridades como “indolentes y de violar normas nacionales e internacionales que regularizan los entierros de personas”, se suma el dolor y el luto que padece una parte de la población, aseveró Manuel María Mercedes, presidente de la CNDH.
A estas alturas, el debate va más allá de lo ético. Otros especialistas en el país condenan que estén siendo enterrados en fosas comunes cadáveres recuperados del naufragio de la yola y avalan, además, esta actitud en basamentos jurídicos establecidos por la Organización Mundial (OMS) y Panamericana de la Salud (OPS).
Las autoridades discrepan unas de otras y el pretexto de “evitar brotes de epidemia por el grave deterioro de los cadáveres”, no justifica estas malas prácticas.
Lo ideal sería que la población reconociera que en Puerto Rico no está el sueño dorado que solucionará las inclemencias que los abaten y que pudieran tener, al menos en lo esencial, la posibilidad de trabajar y contar con las condiciones mínimas de existencia que merece y requiere un ser humano, aquí, en su terruño natal.
Violación y tragedia
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