El pasado viernes 10 de febrero de 2012 el país fue conmocionado por una serie de allanamientos aparatosos montados en formato pseudo bélico para supuestamente localizar y capturar pruebas de espionaje web a figuras públicas del gobierno, y aquello parecía el desembarco del “Día D en Normandía”.
El hecho de que el periódico digital Siglo 21 publicara acciones escandalosas relativas a la administración de fondos públicos, y el hecho de que publicara en otro periódico que en los próximos días publicaría otros casos más escandalosos, fue motivo más que suficiente para que el gobierno movilizara tropas de los cuerpos armados, ayudantes fiscales y helicópteros de combate, para allanar casas urbanas, villas de campo y oficinas de trabajo, y enviar un claro mensaje a todo el país de que quien publique actos de corrupción gubernamental se expone a correr igual suerte, es decir, que lo malo no es la corrupción, sino publicar los hechos de corrupción.
Conocidos y reconocidos periodistas que han mantenido una línea crítica frente a muchas de las acciones del actual gobierno fueron embestidos con todo el poder que otorga el ejercicio transitorio del gobierno, luego de que el periódico digital Siglo 21, dirigido y administrado por los periodistas allanados, publicara escándalos que en cualquier país medianamente organizado movilizaría la acción pública, no contra los periodistas, sino contra los imputados de corrupción, para verificar la veracidad de la acusación, y si la acusación no es válida, el gobierno tiene todo el derecho de reclamar ante la justicia la reparación del daño moral causado. Así lo ha hecho el presidente Rafael Correa en el Ecuador.
El famoso caso de Watergate, en 1972, comenzó cuando Mark Felt, un antiguo director adjunto del FBI, bajo la presidencia de Richard Nixon, suministró informaciones confidenciales a su amigo de la CIA y periodista de investigación, Bob Woodward, quien, junto a su colega Carl Bernstein, sacó a la luz pública, a través del Washington Post, el espionaje de los republicanos a los demócratas, y aquello se convirtió en un gran escándalo nacional, pero para proteger su identidad y su seguridad, Felt se ocultó bajo el pseudónimo de garganta profunda.
Ante la magnitud del escándalo, el Senado de la República exigió la entrega de las cintas grabadas en la propia oficina presidencial de la Casa Blanca, pero el presidente Richard Nixon se negó a entregarlas amparándose en la inmunidad presidencial, pero la comisión del Senado respondió que la inmunidad presidencial no podía invocarse para ocultar actos delictivos cometidos por el presidente o sus asesores, y finalmente Nixon tuvo que renunciar a la presidencia de Estados Unidos.
En ningún momento el Senado de los Estados Unidos argumentó que no podía investigar el caso Watergate porque la información publicada en la prensa se había obtenido por una vía ilegal, sino que lo importante era investigar la veracidad o no de la grave denuncia aparecida en la prensa, porque cuando se trata de los intereses de la sociedad, lo importante es el hecho que se denuncia, y no quién lo denuncia, ni la vía utilizada para obtener datos relativos a lo que se denuncia. En ese caso el fin justificaba los medios.
Pero eso fue en los Estados Unidos, un país verdaderamente organizado, donde el Congreso es independiente y donde la justicia es independiente, mientras nosotros vivimos en una sociedad tribal, donde cinco caciques deciden lo que debemos hacer los indios que vivimos en estos cinco cacicazgos que van desde Higüey hasta Jaragua.
El 30 de mayo de 1961 un grupo de ciudadanos civiles y militares decidieron poner fin a la tiranía de Trujillo, emboscando y disparando contra el tirano, y hoy a nadie se le ocurriría acusar a los ajusticiadores de Trujillo de ser violadores de las leyes de Dios y de los hombres que prohíben matar, especialmente porque hubo premeditación, alevosía y acechanza. Lo importante para el pueblo dominicano no fue la vía utilizada para deshacerse de la dictadura de Trujillo, ni discutir si el asesinato era legal o ilegal, porque ese era un tema de interés nacional. En ese caso el fin justificaba los medios, y posteriormente los ajusticiadores fueron declarados héroes nacionales.
Si un medio de comunicación hace pública una información relativa a hechos de corrupción cometidos en la administración pública, lo que procede no es salir a perseguir y allanar a quien se atreve a publicar en la prensa el hecho pecaminoso cometido contra los fondos públicos que son administrados por funcionarios públicos, sino iniciar de inmediato una profunda investigación para determinar la veracidad o no de la información.
No es lo mismo averiguar las acciones particulares de una persona que tiene derecho a una vida privada; que averiguar, por cualquier vía, lo que hace un funcionario público con los fondos públicos aportados por todos nosotros y que le son entregados para obras públicas y servicios públicos, porque la ciudadanía tiene pleno derecho a saber si sus tributos son bien o mal administrados, y tiene pleno derecho a saber si algún funcionario público está utilizando en su provecho personal los fondos públicos, y si sus cuentas bancarias crecen exorbitantemente gracias al desvío de fondos públicos.
No es lo mismo que usted monte una cámara o un grabador en casa ajena, para averiguar vida privada ajena, porque eso es espionaje, que montar la misma cámara o el mismo grabador, en su propia casa, para conocer si alguien le está robando a usted, porque a usted le está permitido cuidar de lo suyo, y cuando se trata de fondos públicos se trata del interés de todo ciudadano y de todo el país, y cualquier ciudadano tiene pleno derecho de averiguar, por cualquier vía, si alguien está sustrayendo fondos públicos.
De ahí que no debemos confundir entre espiar a una persona en su vida privada, que averiguar lo que un funcionario hace con los fondos públicos que administra, porque si la prensa no ausculta, tomógraficamente e indirectamente, lo que hacen algunos funcionarios públicos, con los fondos públicos, la gente nunca se enteraría de que gran parte de los fondos públicos han sido mal utilizados para el enriquecimiento personal de algunos funcionarios públicos.
El interés público está por encima del interés personal individual, y si alguien se ha tomado a titulo personal los fondos públicos y los ha depositado en sus cuentas personales, nadie debe rasgarse las vestiduras si algún medio de comunicación obtiene y publica una serie de informaciones que dan cuenta del hurto de los fondos públicos; y los allanamientos acompañados de fiscales deben hacerse en las oficinas de los funcionarios públicos denunciados como depredadores de los fondos públicos, y no en las residencias y oficinas de los denunciantes. Lamentablemente en RD todo camina al revés.
