Lisboa.- El «empobrecimiento» de los portugueses derivado de la crisis económica y los ajustes aplicados por su Gobierno dificultan el acceso de los ciudadanos a la Sanidad, según un análisis elaborado por un grupo de expertos lusos.
En el informe divulgado hoy del Observatorio Portugués de los Sistemas de Salud (OPSS), formado por investigadores universitarios de diferentes instituciones, se alerta de que las consecuencias de la crisis en el sector son ya «evidentes» en un momento en el que la protección social se hace más necesaria que en años de bonanza.
Tras la publicación del estudio, el Ministerio de Sanidad luso desmintió en un comunicado que haya cualquier tipo de prueba o señal de que los usuarios del sistema público de salud tengan problemas para acceder a sus servicios por razones financieras.
En el estudio del OPSS se hace referencia a una serie de «indicios» que apuntan a que cada vez más enfermos crónicos dejan de consumir todos los medicamentos recetados debido a las dificultades financieras que atraviesan, según una encuesta realizada entre farmacéuticos.
Señala, asimismo, que el aumento de las llamadas «tasas moderadoras» -el precio que pagan por cada servicio los usuarios de la Sanidad pública, que en Portugal es de copago- así como de los costes de transporte (en determinados casos el coste del desplazamiento hasta el centro de salud corresponde al paciente) suponen un gasto que frena a los ciudadanos a ir al médico.
El precio de una consulta de medicina general y familiar pasó de 2,25 a 5 euros; el coste de acudir a las urgencias aumentó, según el tipo de servicios, de 8 a más de 15 euros, y el gasto que supone una consulta a domicilio subió de 4,8 a 10 euros.
El Gobierno luso, por su parte, recordó que están exentas de pagar estas tasas más de 5 millones de personas (casi la mitad de la población) entre niños, embarazadas, desempleados y pensionistas con ingresos inferiores al salario mínimo (485 euros mensuales), así como los pacientes con determinadas enfermedades.
El Ejecutivo portugués, de signo conservador, defendió que la subida de las «tasas moderadoras» está además «de sobra compensada con los ahorros obtenidos por los pacientes con la política de reducción de costes en el área de los medicamentos», gracias a su apuesta por los genéricos.
Las reformas adoptadas por el Gobierno luso en el sector sanitario se corresponden al acuerdo firmado con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio del rescate financiero que pidió el país en 2011, y en el que una de las metas es controlar los costes para ahorrar más de mil millones de euros.
El informe del Observatorio asegura que existen señales de que se está produciendo un «racionamiento implícito en la sanidad pública», derivado «no de instrucciones explícitas para limitar las prestaciones (…) sino de comportamientos restrictivos a consecuencia de un clima de intensa contención de gastos».
Los expertos subrayan que el sector de la salud «es particularmente sensible a la degradación de las condiciones económicas y sociales de un pueblo», y recuerdan que los efectos de la crisis en áreas como la de salud mental se reflejan en el aumento de depresiones y comportamientos suicidas, entre otros.
El documento, muy crítico con las instrucciones para el sector de la llamada «troika» (la UE, el FMI y el Banco Central Europeo), reconoce que algunas de las reformas iniciadas por el Ministerio de Sanidad son positivas y eran necesarias desde hace años, pero advierte de que implementarlas tan rápidamente «tiene consecuencias indeseables».
Según los datos del estudio, Portugal «es el país con el sistema sanitario mejor estructurado pero peor financiado -en términos de gasto por habitante- de los tres Estados que han recibido la ayuda» de la UE y el FMI, es decir, que Grecia e Irlanda.
