El veredicto del Tribunal Superior de San Juan en el caso de la joven madre dominicana, Francheska Duarte, sigue generando ronchas entre los inmigrantes dominicanos residentes en Puerto Rico.
Este viernes tronó el cónsul dominicano en San Juan, Máximo Taveras, al calificar como “un premio al crimen y a la impunidad” la determinación de la jueza Nisvel Durán, quien encontró culpable de un delito menos grave por la Ley de Tránsito al agresor de Francheska Duarte, su entonces pareja sentimental, Jorge Ramos Rodríguez, sin que prosperaran los cargos de “agresión agravada” que le fueron imputados por el hecho de sangre en el que la perjudicada perdió ambas piernas.
“Expresamos nuestra más sentida indignación con el veredicto emitido en el caso de la joven dominicana Francheska Duarte, el cual consideramos un premio al crimen y a la impunidad. Ese fallo victimiza doblemente a Francheska y la deja en la indefensión y sin justicia, mientras el agresor se ríe del sistema”, sostuvo el diplomático en rueda de prensa efectuada este viernes en la sede del consulado dominicano, en Santurce, en la que estuvo acompañado de representantes de instituciones cívicas, políticas, culturales y deportivas de la comunidad dominicana en Puerto Rico.
La jueza actuante justificó su decisión aludiendo que el Ministerio Público no probó que Jorge Ramos Rodríguez, de 22 años, y en libertad condicional por un delito de drogas, tuvo intención de causarle daño con su vehículo a Francheska tras impactarla y dejarla pillada contra una guagua la madrugada del 19 de diciembre del pasado año, en un hecho de sangre en el que la mujer sufrió heridas que requirieron la amputación de ambas piernas. El incidente tuvo lugar en un negocio de Barrio Obrero, en Santurce, donde la pareja compartía con amigos.
El cónsul señaló que la jueza consideró como negligencia y violación a la Ley de Tránsito “lo que a todas luces es un hecho de agresión agravada con intención criminal”.
Advirtió que ese fallo puede ser interpretado como una acción discriminatoria por el origen de la perjudicada, “lo que consideramos como un revés y un precedente nefasto para la administración de justicia en Puerto Rico, especialmente en el procesamiento de los casos en que las víctimas son inmigrantes y enfrentan situaciones de vulnerabilidad para el cumplimiento de sus derechos”.
“Es bueno recordar que un tribunal de Puerto Rico condenó a 12 años de cárcel a una persona que agredió a una yegua, y en este caso, en el que la víctima es una mujer que quedó mutilada por la violencia de su pareja, la jueza ni siquiera valoró que se trata de un ser humano víctima de agresión, que sobrevivió, pero que enfrenta lesiones físicas y emocionales que afectarán su vida para siempre”, recalcó el cónsul, Máximo Taveras, visiblemente indignado con la resolución judicial.
En esta semana, el Gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, declaró a la prensa que sentía “preocupación” por el veredicto emitido en el caso de la dominicana Francheska Duarte.
En alusión a esas declaraciones, el cónsul indicó que “La preocupación que siente el señor Gobernador es la misma que embarga a la comunidad dominicana, por lo que solicitamos al Secretar0io de Justicia, Guillermo Somoza, su apoyo a fin de identificar cualquier mecanismo que pudiera utilizarse para la revisión de este caso”.
Intervendrá el Colegio de Abogados de PR
En la rueda de prensa efectuada en el consulado participó Samuel Quiñonez en representación de la Comisión de Fiscalización de los Derechos Civiles del Colegio de Abogados de Puerto Rico, quien informó que esa instancia iniciará una investigación con el fin de determinar si hubo elementos que discrimen en la determinación judicial en el caso de Francheska Duarte.
“Lo que está pidiendo el consulado es que se proceda con una revisión de los aspectos procesales para determinar si se siguió el debido proceso de ley”, indicó el abogado.
Sobre el particular, Quiñonez explicó que aunque el caso ya fue juzgado es necesario examinar si todo se hizo bien “ya que de constatarse que hubo discrimen podría abrirse la puerta a una nulidad de la sentencia”.
Sostuvo que la Comisión de Fiscalización de Derechos Civiles de esa institución dará a conocer el próximo 28 de agosto los resultados de una investigación que realizó sobre violación de derechos civiles a ciudadanos dominicanos por parte de la Policía y otras instituciones del Gobierno, concretamente arrestos sin causa y falta de atención médica en casos en que es requerida.
El abogado precisó que es muy importante que se atienda la preocupación externada por el Gobierno dominicano y sectores de la opinión pública a fin de establecer si los derechos de la perjudicada fueron respetados, ya que en Puerto Rico han sido constatadas prácticas discriminatorias en perjuicio de personas de origen dominicano.
En el caso de Francheska Duarte la comisión se centrará en evaluar si la jueza emitió su fallo en base a la prueba desfilada.
Califican “premio al crimen e impunidad” veredicto caso Francheska Duarte
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