La aprobación de la Ley General de Salarios y los reglamentos correspondientes fortalecerían la institucionalidad de la Administración Pública, incrementarían la transparencia en su funcionamiento, eliminarían la discrecionalidad y establecería con claridad los componentes de los salarios que devengan funcionarios y empleados públicos, como se ha explicado.
El ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo se ha referido al tema y ha precisado que dada su complejidad: “hay que tomar en consideración las diferencias entre el gobierno central, el gobierno descentralizado, el sector financiero, los órganos recaudadores y los otros poderes del Estado, y entonces habría que establecer los reglamentos en función de las normas de cada una de esas instituciones, por lo que habría que elaborar varios reglamentos”.
En espera de esta necesaria aprobación, se vislumbra, sin duda, una mayor transparencia y una ganancia para los empelados de acuerdo a su preparación, que reduciría la brecha de los salarios, distorsión que hace que ministros ganen más que el propio presidente.
En definitiva, la aprobación de la legislación salarial constituirá en el decir de los especialistas: “una revolución en el aspecto administrativo del Estado en la República Dominicana”, donde actualmente, de 550 mil empleados públicos, solo 56 mil figuran en la carrera administrativa.
La ley significa, pues, un instrumento que permitirá hacer los cambios que se necesitan en la administración pública dominicana, para lograr que sea más eficiente y que los cargos no sean por clientelismo político, sino por competencia profesional.
Será que podrá cumplirse aquella vieja máxima: “a cada quien según su capacidad y de cada cual según su trabajo”.
¿Por qué no se aprueba ya?
LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN ||
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