En el país existe la necesidad urgente de adoptar una Ley de Procedimientos Administrativos capaz de garantizar que todas las administraciones locales actúen con mayores niveles de transparencia y carácter técnico, según trascendió en las conclusiones del panel organizado por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), denominado “Impuestos Municipales y su Constitucionalidad”, celebrado recientemente en esta capital.
En el panel se abordaron las dificultades que enfrenta el sector turístico con Juntas municipales de los diversos cabildos, las cuales les gravan con impuestos locales por el uso del suelo.
Los panelistas fueron el presidente y vicepresidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (Asonahores), Julio Llibre y Jesús Almanza, respectivamente; así como los expertos en derecho constitucional, Eduardo Jorge Prats y Olivo Rodríguez, quienes cuestionaron el monto que cobran los municipios.
Olivo Rodríguez Huertas recordó que la Ley de Acceso a la Información Pública ha establecido un procedimiento de publicidad para la elaboración de reglamentos y resoluciones administrativas, a fin de garantizar la participación de la ciudadanía en la elaboración de las políticas públicas.
“No somos ajenos a los problemas que la descentralización local y otorgamiento de poderes normativos a los ayuntamientos podría significar para el desarrollo del comercio, en especial a través de un uso abusivo de los arbitrios o impuestos municipales”, precisó.
Explicó que la Constitución establece en su artículo 200 que los ayuntamientos podrán establecer arbitrios en sus demarcaciones, siempre que no coliden con los impuestos nacionales.
Mientras que Eduardo Jorge Prats consideró que deben utilizarse los diversos mecanismos de control judicial que existen en el ordenamiento dominicano: “la acción de inconstitucionalidad, de amparo y la ayuda de cumplimiento establece compeler a los cabildos y no abusar de sus potestades normativas en materia de arbitrios”.
Por su parte, Servio Tulio Castaño señaló que a Finjus le preocupan algunos municipios, los cuales abusan de su poder y pretenden establecer impuestos municipales que colidan con impuestos nacionales.
Expuso que la situación parece convertirse en una práctica común en diversos municipios para hacerse de recursos rápidos y aseguró no creer que se trate del simple desconocimiento o ignorancia de la Constitución, sino un cálculo de riesgo que se hace a consciencia.
“Es por lo anterior que sugerimos al Tribunal Constitucional que cuando conozca de la inconstitucionalidad de los impuestos municipales, declare la nulidad con efectos retroactivos y ordene a la administración local devolver todo aquello que cobró de manera irregular. Esto, sin duda, servirá para desestimular efectivamente el mal uso de los arbitrios o impuestos municipales”, concluyó.
Urge Ley que garantice niveles transparencia
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