En la década de los años 70, debido al caos existente en las vías, se crea en la República Dominicana el primer organismo regulador del transporte público de pasajeros.
Cuarenta años después, la historia de anarquía persiste y es bajo estas circunstancias que el legislador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por el Distrito Nacional, Rafael Tobías Crespo, introdujo al Congreso Nacional un proyecto de ley que busca organizar y regular el tránsito y el transporte terrestre, a fin de acabar con el desorden que caracteriza ese sector.
En entrevista concedida a DominicanosHoy, Tobías Crespo se refiere a la iniciativa de la creación de un organismo rector, denominado Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, el cual debe tener autonomía jurídica, financiera y administrativa, que unifique en una sola entidad las instituciones del sector: “se pretende implementar un registro único con informaciones relativas a los vehículos, los conductores y sus respectivas licencias de conducir, entre otros aspectos”.
Este proyecto de ley, como promete el diputado, pretende integrar muchas novedades de lo que será el nuevo sector al que aspiramos, el cual vendría a organizar y definir un marco de conducta y aplicación de la ley: “la educación vial será el eje principal de esta propuesta, la cual estará como contenido curricular obligatorio en las escuelas públicas y privadas.
“Aspiramos a una generación más consciente del cumplimiento de las leyes en las vías publicas y la única manera de aprender educación vial, es en los hogares o en las escuelas”, asegura Tobías Crespo.
Dentro de las normas reguladoras que incluye la pieza legislativa, está la inclusión del otorgamiento a los choferes, que viven del oficio del transporte, de la denominada licencia profesional: “con la cual el conductor tendrá un derecho adquirido, que será un aval para su seguridad social y su jubilación.
“Hasta el tratamiento que se les otorga a los accidentes de tránsito en el país serán diferentes, puesto que se tratarán como accidentes de tránsito laboral”, afirma el también exdirector de Tránsito Terrestre.
“En este sentido se procura crear una nueva policía de tránsito y transporte especializado en seguridad vial, que fiscalizará el cumplimiento de dicha ley”.
El entrevistado vislumbra que dentro de las responsabilidades en las que se enfocará este nuevo cuerpo de seguridad se encuentran: la aplicación y cumplimiento a las normas viales, el descongestionamiento de las vías, el respeto a los derechos de los ciudadanos y, en general, la solución de cada uno de los problemas del tránsito.
También añade el diputado peledeísta que la seguridad vial, base medular en dicha pieza, es un tema que está integrado a la protección y la educación de los ciudadanos: “Un ejemplo de esto lo constituye el hecho que el 90% de los accidentes de tránsito son ocasionados por errores humanos. Como parte de las normas se implementará el sistema de conducir por puntos, consistente en la asignación de un crédito de 20 puntos, otorgado por la autoridad competente, los cuales irán disminuyendo, con posibilidad de suspensión de la licencia, por cada infracción de tránsito en que incurra el ciudadano.
“Dicha puntuación solo será recuperable si asiste a los cursos de educación vial; es que el objetivo no es solo ser un régimen sancionador sino, también, reducador, pues a los ciudadanos que no hayan incurrido en un tiempo prudente en violaciones a las leyes, se le otorgarán puntos extras como una manera de estimular las buenas acciones viales. Las sanciones abarcan también a los peatones que por su imprudencia produzcan accidentes viales y retribuciones al Estado por daños causados”.
Paso a la inexistencia
La nueva entidad tendrá las funciones desempeñadas por la Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT), la Oficina Técnica del Transporte Terrestre (OTTT), la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET), la Oficina Metropolitana de Autobuses (OMSA), Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), y otros organismos: “Estará conformado, además, por una Junta Directiva, compuesta por los ministros de Obras Públicas y Comunicaciones, Economía Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Salud Pública.
“No puede ser que un sector tan estratégico de la economía dominicana este acéfalo. Es que donde hay más de una cabeza dirigiendo, es imposible que exista autoridad; por eso abogamos porque este instituto sea el rector de las políticas públicas y movilidad vial del país”.
Finalmente, Rafael Tobías Crespo sostiene que a pesar de que esta pieza ha generado muchas discusiones, pues puede afectar o beneficiar a diferentes sectores de la ciudadanía, en el conocimiento de dicho proyecto ha primado el consenso: “Lo que busco con su aprobación es disminuir el índice de muertes por accidentes y organizar el tránsito en el país. Estoy consciente de que una ley no resolverá el problema de la noche a la mañana; pero, lo importante es que haya voluntad política en su aplicación”.
