El Comité de Comercio del Senado de Estados Unidos aprobó esta semana una legislación, pendiente de obtener el voto del pleno de la Cámara Alta, que prohibiría a las aerolíneas de ese país pagar las tasas establecidas por la Unión Europea por las emisiones de dióxido de carbono de los aviones que vuelan a su territorio comunitario.
Calificada de unilateral y poco beneficiosa para el sector aéreo, esta última medida ha ganado posturas de oposición en otras naciones y en varios organismos internacionales.
En general, la Administración del presidente Barack Obama se opone al llamado sistema de comercio de emisiones fijado por la UE (ETS por sus siglas) porque estima que el mismo no aboga por una solución global a un problema que realmente existe, alegando además que los términos de la legislación resultan injustos, pues se pretende aplicar las referidas tasas por todo el trayecto del vuelo y no solo al período en que se sobrevuela el espacio aéreo de la comunidad europea.
Estos y otros argumentos fueron esgrimidos por los senadores que más defendieron días atrás que se aprobara una postura por parte de Estados Unidos frente al ETS, como el republicano John Thune, quien añadió al respecto que si las aerolíneas de su país aceptaban el impuesto europeo se tendrían que destinar 3.100 millones de dólares a este fin entre 2012 y 2020, un monto que se podría dedicar a generar empleo y estimular el crecimiento económico de esa nación.
Sin embargo, es de resaltar que la posición aprobada por la Cámara Baja del Senado estadounidense sólo se logró incluyendo una disposición adicional que conmina a la Secretaría de Transporte a promover ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), un acuerdo global sobre las emanaciones contaminantes de los aviones, teniendo en cuenta que la actual administración de ese país también defiende que hay que disminuirlas.
Un reporte del diario El País que reproducen varias agencias, indicó que la también senadora Barbara Boxer, inicialmente contraria a la ley pero cuya opinión cambió al incluirse esa disposición adicional, declaró que “había que decir no a las medidas adoptadas de manera unilateral por Europa, pero sí a liderar las negociaciones a nivel internacional en relación con las emisiones”.
Entretanto, otro senador, John Ferry, también opuesto en principio a la prohibición pero que acabó aceptándola sobre las mismas bases de Boxer, alertó de las nefastas consecuencias que, en su opinión, se derivarán de una probable falta de acuerdo a este respecto.
“Podríamos desatar una guerra comercial”, aseguró en declaraciones publicadas en The Hill, al tiempo que llamaba la atención sobre la responsabilidad de las empresas estadounidenses si no se esfuerzan por reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, independientemente de que se logre eludir la tasa impositiva de la Unión Europea.
Recordó que otros países pudieran negarse a recibir en sus aeropuertos a aeronaves norteamericanas si las compañías no se comprometen con la reducción del nivel de contaminación, además de lo que ello significa para el medio ambiente.
Al conocer la decisión, Airlines for America, un grupo asesor de la industria aeronáutica, celebró en un comunicado lo aprobado por la comisión del Senado, pues “envía a la Unión Europea el potente mensaje de que un impuesto unilateral no beneficia al medio ambiente”.
Sin embargo, grupos ecologistas de la nación norteamericana, que comparten la preocupación del bloque europeo, llaman la atención sobre el hecho de que ninguna iniciativa de negociación multilateral al respecto ha dado resultados hasta ahora.
